Una Lleida roja de sangre

La represión de retaguardia registró una tregua de un año en Lleida ciudad, entre el cambio de equilibrios de poder en la Generalitat en la primavera de 1937, que tuvo al POUM como víctima principal y al PSUC y ERC como vencedores, y la entrada de los sublevados en abril de 1938.

Entre sacas, muertes ocasionales y sentencias, se superaron las 350 víctimas en la ciudad de Lleida. Se hizo una revolución con rasgos paralelos a la rusa en la que se intentaba eliminar a derechistas y propietarios. Fue un castigo muy duro para los que se quedaron, porque muchos se fueron al sospechar lo que iba a pasar”, explica Quintí Casals, historiador, profesor de la UdL y autor del capítulo referente a la Guerra Civil en la obra colectiva Lleida, una història de violència.

Ese volumen de muertes violentas se concentró entre julio de 1936 y marzo de 1937 en la capital, donde no hubo un frente de guerra hasta abril de 1938, y siguió tras la toma de la ciudad por los sublevados. Se trata de la represión de retaguardia, una sanguinaria persecución cuya fase inicial fue, “para los grupos sociales contrarios a la revolución social, un auténtico régimen de terror” que acabó siendo “extremadamente negativo” para los intereses de sus promotores ya que forzó “el posicionamiento de algunos sectores, como los catalanistas de derechas, a favor del bando golpista”, analiza Casals en el libro.

El fenómeno, en cualquier caso, no quedó circunscrito a la capital sino que se extendió por toda la demarcación. De hecho, el repositorio de la UdL sobre la represión de retaguardia, que incluye víctimas de la revolucionaria y de la fascista, reseña otras 904 víctimas mortales en 165 municipios leridanos, algunos de ellos, como Anya, Altron o Viu de Llevata, incorporados años después a otros. Esa misma fuente, de resultados abiertos como ocurre con la gran mayoría de las investigaciones históricas, cifra en 328 los fallecidos por esta causa en Lleida ciudad y señala como el primer fallecido por este motivo a Jaume Calvet, natural de Bellver de Cerdanya y cura de Ossó de Sió, que fue asesinado en esa localidad del Urgell el 18 de julio, antes incluso de que los bandos estuvieran conformados y los territorios alineados. Le seguiría un día después Enric Guàrdia Roma en Lleida.

“Cuando se le ponen cifras, asusta. Y no son definitivas ni mucho menos, podemos contar con datos aproximados”, anota el historiador, quien destaca que, “por mucho que se intentara tapar durante el franquismo”, cuya represión relevó a la de las organizaciones revolucionarias en cuanto les arrebató el control del territorio, “siguen saliendo datos. Es una herida que sigue abierta”.

“Desde el principio las posiciones fueron muy enfrentadas, extremistas y llenas de odio y rencor. Las consecuencias de eso fueron tres años de acciones y represalias continuas entre los dos bandos, que parecían buscra el exterminio del enemigo”, escribe.

La cadencia de muerte y destrucción de los primeros días resulta estremecedora: los cadáveres de cinco curas y dos jóvenes quedaban tirados en las calles de la capital la noche del 20 de julio de 1936, el 22 morían otros cinco religiosos y ardían las iglesias de Sant Martí, Sant Llorenç, Sant Pere, Sant Andreu y el Carme y el palacio episcopal, el 23 eran asesinados tres religiosos y un marmolista y el 24, un sacerdote más y dos civiles. La atrocidad era de tal intensidad que “fue habilitada una camioneta, conocida como punt blau, por el color de la carrocería, que recogía los cadáveres que generaba la acción revolucionaria”, narra Casals.

La capital estaba en los primeros meses de la guerra bajo el control del Comitè Popular Antifeixista (Comitè de Salut Pública entre julio y septiembre), presidido por el sindicalista agrario Sebastià Garsaball. Esa situación cambió, en parte, al reformular los tribunales en noviembre un decreto de la Generalitat, que estableció la obligación de asignar abogado a los acusados. “Al principio los juicios en esos tribunales eran una pantomima en la que los acusados ni siquiera tenían abogado”, explica el historiador, que recuerda cómo su volumen de condenas de muerte solo fue superado, con una población netamente mayor, por los de Barcelona y Alicante. “Se puede decir que fue el más sanguinario del Estado”, anota.

En los primeros meses de la guerra, Lleida fue escenario de varias sacas de presos fusilados sin juicio: siete el 25 de julio, quince el 26, otros 21 (entre ellos el obispo Salvi Huix) el 5 de agosto y, en lo que Casals define como “la mayor matanza colectiva indiscriminada en territorio republicano”, 79 el día 20. El colectivo religioso, que perdió por asesinato a 270 miembros (el 65% del total) en el obispado de Lleida, fue el principal damnificado de esa etapa de terror.