El Superior de Justicia avala enviar a juicio a Mas por la causa del 9N

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado la decisión del instructor de dejar al expresident de la Generalitat Artur Mas a un paso de juicio, en un auto que niega que el 9N sea “una causa política” y avisa que la suspensión del Tribunal Constitucional era “de obligado cumplimiento”. Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau irán previsiblemente a juicio por su participación en la consulta del 9N por presunta desobediencia y prevaricación administrativa. Las defensas no pueden recurrir el auto, que es firme, aunque queda pendiente el auto de apertura de juicio oral. El ministro de Justicia y Fomento en funciones, Rafael Catalá, por su parte, defendió que el fallo del TSJC es una cuestión de ámbito jurídico que demuestra el “normal funcionamiento de las instituciones” en un estado democrático.

Esta decisión llega pocos días antes de que el exconseller y portavoz del PDC en el Congreso, Francesc Homs, comparecezca este lunes en el Tribunal Supremo en calidad de investigado por el 9N, acompañado por Mas, así como otros líderes del partido y consellers.

Las defensas no pueden recurrir pero queda pendiente el auto de apertura de juicio oral

En este sentido, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras, expresaron ayer su apoyo a Homs, antes de que declare ante el Supremo por los presuntos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación. Puigdemont afirmó que, si él se encontrara ante la misma situación que Mas el 9N, tomaría “las mismas decisiones” y también hubiera impulsado esa votación, que juzgó como “ejemplar”.

Por su parte, el presidente de Junts pel Sí en el Parlament, Jordi Turull, criticó la “degeneración democrática” del Estado por las actuaciones sobre el 9N, mientras que la exvicepresidenta Ortega reiteró que “no puede ser delito dejar que la gente opine”.

Interior niega intencionalidad política en el veto al PDCEl ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer en un artículo en La Vanguardia que no hay intencionalidad política en la denegación del registro de partidos a la inscripción del Partit Demòcrata Català y acusó al presidente de la formación, Artur Mas, de “lanzar una injustificada sospecha” sobre este órgano.