Mas, Rigau, Homs y Ortega, condenados a pagar 4,9 millones por organizar el 9-N

El Tribunal de Cuentas del Gobierno español condenó ayer al expresident de la Generalitat Artur Mas, los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y otros 6 implicados a pagar 4,9 millones de euros por la organización de la consulta del 9-N. Según el tribunal, los implicados utilizaron dinero público y tuvieron responsabilidad contable. Pese a todo, la sentencia no es firme y puede recurrirse, algo que tanto Mas como el resto de condenados anunciaron ayer que harán en las próximas semanas después de calificar la resolución judicial de “aberrante”. Creen que la condena “se encuentra muy lejos de la imparcialidad” y pretende ser, por un lado, “un escarmiento” para todos aquellos que llevaron a cabo el proceso participativo del 9-N y, por otro, “un aviso de futuro a navegantes”.

El Tribunal de Cuentas reclamaba, inicialmente, 5,2 milloners de euros, una cantidad que ya fue aportada en forma de fianzas entre efectivos, por un valor de 2,8 millones, y el resto en forma de avales con inmuebles y propiedades de los acusados. La sentencia de 91 páginas y firmada por la exministra del gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, condena a Mas, Ortega, Rigau, Homs y a otros seis miembros de su entonces Ejecutivo: Lluís Bertran, Josefina Valls, Jaume Domingo, Ignasi Genovès, Jordi Vilamitjana y Teresa Prohias. La condena es “solidaria”, lo que significa que el dinero deberá ser pagado entre todos los acusados, quienes asumirán las cantidades de gastos irregulares según sus departamentos. Varios condenados deberán pagar por los mismos gastos, cifras a repartir entre ellos. En el caso de Rigau, por ejemplo, debe asumir 2,8 millones de euros por la compra de 7.000 ordenadores, cantidad a distribuir de manera solidaria con Mas.

Los acusados “no aceptan” la sentencia, que califican de “aberrante”, y por ello presentarán un recurso

No obstante, el tribunal estatal considera al expresident el principal responsable de los hechos, obligándole a abonar el dinero que el resto no pueda aportar. Además, los acusados deben cargar con los intereses desde el momento en que se hicieron los pagos, aunque no se detalla esta cantidad total. Por otro lado, el tribunal desestimó la acusación de la Abogacía del Estado porque no reclamó que los fondos empleados fueran reintegrados en favor del Estado español, sino de la Generalitat.

Al respecto, el president del Govern, Quim Torra, advirtió que “el espíritu de venganza del estado es insaciable” y alentó a los condenados diciéndoles que “no os dejaremos solos”. Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos, Juan Marín, dijo que la condena demuestra que no hay políticos “por encima de la ley”. Y la vicesecretaria de Estudios del PP, Andrea Levy, dijo que los acusados “deben pagar porque malversaron y gastaron dinero en algo ilegal que sólo sirvió para crear tensión”.

Los CDR vierten estiércol en juzgados catalanes, como el de Solsona Los CDR vertieron ayer estiércol y basura en las puertas de varios juzgados de Catalunya como acción de denuncia contra el papel de la justicia en las sentencias sobre deshaucios, hipotecas, “penalización” de la libertad de expresión, las sentencias “contra el independentismo”, entre otros aspectos. Bajo el lema “mierda de justicia”, los juzgados de Figueres, Granollers, Gandesa, Santa Coloma de Farners y Solsona fueron los afectados por esta acción. “¿A qué huele la justicia española? Ante sus puertas encontrará la respuesta”, apuntaron a través de Twitter. También reivindicaron acciones de este tipo en Manresa y en Sant Feliu de Guíxols.