Borràs declarará al final de su juicio al TSJC por la gestión al frente de la ILC

Laura Borràs podrá declarar al final del juicio contra ella y dos hombres más por las supuestas irregularidades a la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo ha decidido este martes, después de que lo pidiera su defensa, a pesar de la oposición de la fiscalía. Los otros acusados han pedido declarar los primeros, y lo harán el lunes. El tribunal también ha inadmitido algunas pruebas propuestas por la fiscalía y otros valorará la relevancia durante el juicio y en sentencia. El tribunal no ha aceptado que declare el exconsejero de Cultura a Lluís Puig, y el lunes se pronunciará sobre la petición de suspensión del juicio que hicieron las defensas viernes pasado.

La segunda sesión del juicio ha empezado con la intervención del letrado de Borràs, Gonzalo Boye, que se ha mostrado "sorprendido y preocupado" por el hecho de que la fiscalía introdujera el viernes pasado modificaciones a su escrito de conclusiones provisionales. Así, uno de los cambios era que en vez de decir que los hechos habían empezado después de una reunión de la junta de gobierno de la ILC en marzo del 2013, podrían haber empezado "con anterioridad". La defensa de Borràs ha alegado que este término es muy poco preciso y puede dar pie a cierta "indefensión".

"Nos deja desarmados y vendidos", ha dicho Boye, que ha pedido más concreción en las acusaciones. "No se modifica por estética ni porque sí, sino que se hace con intencionalidad, y tiene relevancia jurídico-penal", ha añadido. Según él, la fiscalía ha tenido cinco años de instrucción para introducir los cambios y lo ha hecho al último momento. Por eso, Boye ha pedido que declaren como testigos todos los presentes en la reunión de marzo del 2013, cosa que el tribunal no ha aceptado.

Boye también ha sido muy crítico con determinadas documentaciones aportadas al último momento por la fiscalía, procedentes de unos requerimientos del ministerio fiscal a varias instituciones entre el 2021 y el 2022 y bajo el amparo de unas "diligencias indeterminadas". Según Boye, la fiscalía no podía hacer estos requerimientos porque la causa ya se estaba investigando en el juzgado, y lo prohíbe la ley. "Es increíble que la fiscalía no supiera en el 2021 que la causa estaba judicializada, se ha arrogado unas atribuciones que no tenía", ha criticado. "Es grave y da miedo", ha añadido.

Sin embargo, Boye considera que estas pruebas aportadas son "inocuas", "no son útiles, ni necesarias ni pertinentes". En todo caso, el tribunal ha dicho que se pronunciará sobre esta cuestión el lunes, en la tercera sesión del juicio, todo y que alguna documentación ya la rechazado para no ser pertinente.

Por otra parte, el tribunal no ha aceptado que declare como testigo Lluís Puig. La defensa de Borràs lo había pedido, junto con los otros dos consejeros de Cultura que coincidieron con Borràs al frente de la ILC, Ferran Mascarell y Santi Vila. El tribunal, como ya hizo en noviembre, ha considerado que los otros dos testigos ya sirven para aclarar la causa y Puig, al estar en el exilio, no ofrece bastante credibilidad.