El mandato del Fiscal General pasará a ser de cinco años para desligarlo de la legislatura

El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que busca garantizar la independencia del Fiscal General del Estado al desvincular su mandato de la legislatura.

Así, el fiscal será elegido por 5 años no renovables, con lo que su mandato ya no coincidirá con el del Gobierno, como ocurre ahora, y no podrá recibir instrucciones suyas. De hecho, según el texto, las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General deberán hacerse por escrito y ser públicas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo que esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y afectará al fiscal que nombre el próximo Gobierno que salga de las urnas.

Se modifica el sistema de funcionamiento de la Justicia y deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales mientras que los jueces actuarán como garantes de los derechos durante el proceso. En sus nuevas tareas de dirigir la investigación, el Ministerio Público pasará a dirigir a la Policía Judicial en sus funciones. El Fiscal Jefe será responsable de nombrar al fiscal o fiscales encargados de la investigación de cada caso.

La reforma establece que el Fiscal General sólo podrá ser cesado en caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones previo informe del Consejo General del Poder Judicial, no pudiendo ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.

Además, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al Fiscal General, y no al Gobierno como hasta ahora. También refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del Fiscal General si dispone del soporte de al menos tres quintas partes de sus miembros.

El texto establece que las asociaciones de fiscales no podrán recibir financiación probada ni de gobiernos u organismos extranjeros, y la creación de un organismo público de los fiscales encargados de preparar opositores, que además necesitarán autorización de la Fiscalía General para ello.

La reforma también impedirá que el Gobierno o las comunidades pidan a la Fiscalía que abra o impulse cualquier investigación concreta. La petición quedará exclusivamente en manos del presidente del Gobierno, y el Fiscal General deberá someterla a la Junta de Fiscales de Sala, que adoptará una decisión en resolución razonada.

Además, la reforma introduce limitaciones para el acceso al cargo. No podrán llegar al cargo personas que hayan sido ministros, secretarios de Estado, diputados o senadores en los cinco años anteriores.

La Fiscalía General del Estado celebró que el anteproyecto aprobado consolide la independencia de la institución, aunque lamentó que no se haga ninguna mención a la autonomía presupuestaria de la misma.

Mientras tanto, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, cree que la reforma es “una operación más de maquillaje de cara al exterior” que no busca reforzar la institución, sino la figura del jefe del Ministerio Público, a quien –advirtió– se le otorga más poder sin los suficientes contrapesos.

Moncloa, dispuesta a llevar al juez la filtración de mensajes de Sánchez

El Gobierno considera que la filtración de mensajes del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, puede ser un comportamiento delictivo y da por hecho que se abrirá una investigación judicial, pero, si no la hay, emprenderá acciones legales.

“Queremos llegar hasta el final. Queremos conocer todo de la filtración: quién ha sido, por qué ha sido y qué otros mensajes privados, que nada tienen que ver con una causa judicial, están en poder de personas capaces de cometer delitos”, manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños.Tanto él como la ministra portavoz, Pilar Alegría,hicieron hincapié en la “gravedad” de una filtración que vulnera la privacidad y el derecho a la intimidad del presidente del Gobierno y aseguraron que no prejuzgan quién puede estar detrás de esa filtración.En unos mensajes de Whatsapp entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos en la anterior legislatura, publicados por el diario El Mundo, el presidente del Gobierno critica que el entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, filtrara el contenido de las reformas antes de rematar las negociaciones con sus socios del PSOE y lo acusa de torpeza y estulticia. En otro de los mensajes, el presidente del Gobierno se refiere a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como “pájara” y de “acostarse con el uniforme”.El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acusó al presidente del Gobierno de instaurar un “régimen del terror” que queda visible, según él, en el contenido de los mensajes filtrados entre él y Ábalos.

El Gobierno reitera su apoyo a García Ortiz aunque sea procesado

Félix Bolaños reiteró ayer el apoyo del Gobierno al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, aún si el Tribunal Supremo acuerda procesarle y enviarle a juicio por un presunto delito de revelación de secretos, al considerar que “lo que hizo fue contar la verdad”. “Creo que es público que nosotros en el Gobierno apoyamos a la figura del Fiscal General del Estado”, señaló Bolaños. El ministro respondió así al ser preguntado si el Ejecutivo consideraba que García Ortiz –investigado desde octubre– debía dimitir si el alto tribunal finalmente abría juicio oral en su contra.

La pregunta tuvo lugar después de que se diera a conocer que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación en la causa contra García Ortiz, había pedido al Supremo que procesara al jefe del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos en la causa abierta a raíz de la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.