Cuentas y financiación, los retos de Illa

El Govern liderado por Salvador Illa afronta su segundo año de legislatura con la aprobación de los presupuestos de 2026 como objetivo prioritario. El president y los consellers finalizaron ayer su cumbre en Arnes (Terra Alta) para fijar el rumbo que tomará el Executiu el próximo curso, que tiene varios retos por delante, y que arrancará de manera oficial con el debate de política general que se celebrará entre el 7 y el 9 de octubre en el Parlament, una semana después del primer pleno ordinario del periodo de sesiones.

Sin embargo, se considera la celebración de la Diada Nacional, en menos de dos semanas, como el pistoletazo de salida del curso político catalán. Será la segunda sin un Govern independentista en quince años, con el movimiento desmovilizado y en horas bajas.

La financiación singular fue el punto estrella del acuerdo entre socialistas y republicanos para investir a Illa. Generalitat y Moncloa se reunieron en julio para acordar las bases del nuevo sistema, que no saldrá del régimen común y que contará con una cuota de solidaridad.

Unas semanas después, el Govern anunció que restrasaba hasta 2028 el inicio de la gestión del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), prevista para 2026. Para paliar la decepción de Esquerra, el Executiu potenció la autonomía de la hacienda catalana en relación a la contratación.

La Generalitat, además, se beneficiará de una de las medidas acordadas entre ERC y el Gobierno central, que ha causado polémica de varias autonomías, la mayoría lideradas por el PP. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes el proyecto de ley por el que el ministerio de Hacienda condonará parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En el caso de Catalunya serán 17.104 millones de euros, el 20% de la deuda total, siendo el segundo territorio más favorecido después de Andalucía.

El traspaso de Rodalies a la Generalitat avanza a mayor ritmo, después del anuncio de la constitución de la nueva empresa mixta en la que el Govern tendrá “un papel determinante” y que estará “plenamente operativa” en 2026. Aunque tendrá mayoría en el consejo de dirección, la Generalitat poseerá el 49,9% de la compañía, y las contínuas incidencias han desatado las críticas de la oposición.

En relación al transporte, una de las propuestas que más rechazo han generado ha sido la ampliación del aeropuerto de El Prat, con la prolongación de la tercera pista y la remodelación de las dos terminales. El proyecto, que afectará los espacios naturales de La Ricarda y El Remolar, está siendo estudiado por la Comisión Europea por motivos medioambientales.

ERC y Comuns han mostrado su oposición a la ampliación, aunque no han llegado a definirla como una línea roja para aprobar los presupuestos del próximo año. El PSC, con 42 escaños, necesitó los votos favorables de Esquerra (20) y Comuns (6) para investir hace un año a Salvador Illa como president de la Generalitat, y volverá a requerir de su apoyo para las cuentas de 2026, después de un año sin aprobarlas y sobreviviendo con suplementos de crédito pactados con sus socios.

Además, el Executiu sabe que no podrá contar con los votos de Junts, el principal partido en la oposición, que se negó a negociar con el PSC y ha acusado en varias ocasiones a los socialistas catalanes de “no plantarse” ante Madrid para defender los “intereses de Catalunya”.

Meses antes de la investidura de Illa, el PSOE logró convencer a un gran número de partidos para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central, entre ellos Junts, el negociador más duro. El partido liderado por Carles Puigdemont puso, además de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la aprobación de la ley de amnistía como condición para dar sus votos a Sánchez, aunque su aplicación no ha sido completa.

Illa ha destacado el efecto positivo de la implantación de la ley, y en los últimos días ha reiterado sus críticas hacia el Tribunal Supremo por su resistencia a aplicarla a los líderes del referéndum –entre ellos Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras–, acusados de malversación.

Puigdemont espera la respuesta del Tribunal Constitucional –que se pronunció a favor de la norma– sobre su recurso de amparo y la pronunciación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estudia el encaje de la ley en la legislación europea.