JUSTICIA
Avalan no desclasificar datos del espionaje a Aragonès
El Supremo desestima el recurso de la Generalitat sobre el caso Pegasus. Considera que pone en riesgo la seguridad nacional

Pere Aragonès en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión del Gobierno central de no desclasficar todos los documentos en relación al espionaje a través del programa Pegasus del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al expresident de la Generalitat Pere Aragonès. El tribunal tumba el recurso que había presentado el Govern en marzo de 2024, al considerar que la revelación de todos los datos requeridos pondría en riesgo a los servicios de inteligencia y, con ello, la seguridad nacional.
El magistrado del Supremo encargado del control al CNI, Pablo Lucas, autorizó el espionaje tanto a Aragonès como a otros líderes independentistas, por las sospechas de que el expresident del Govern podía estar implicado en las acciones de los Comitès de Defensa de la República (CDR) durante el procés.
El juzgado de Barcelona que investiga el caso Pegasus pidió al Gobierno la desclasificación de los documentos secretos de la causa, aunque la Moncloa solo accedió a hacerlo parcialmente. Desclasificó la información relativa a las actividades del CNI sobre el móvil de Aragonès que “afectaron al derecho constitucional al secreto de las comunicaciones” por conductas del exmandatario catalán que “eran ajenas a sus competencias oficiales y contrarias a la seguridad nacional”.
La Generalitat lo consideró insuficiente y recurrió al Supremo para exigir “documentación, datos, procedimientos e informes sobre el origen, uso, adquisición, recepción, encargo, pago, personas intervinientes y su vinculación al número de teléfono utilizado por Aragonès, en relación con el programa Pegasus”. Sin embargo, el TS rechazó la petición dado que “pondría al Estado en una situación de innegable vulnerabilidad”.
Por su parte, Aragonès criticó ayer en redes sociales que “el Estado español prioriza su derecho al espionaje al derecho de sus ciudadanos a la acción política en libertad”, y afirmó que “un Estado que viola la privacidad para defenderse de un movimiento democrático es un Estado débil”.