Montero niega que el modelo de financiación beneficie a Catalunya

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha presentado este viernes la propuesta de modelo de financiación pactada con ERC, un sistema que supone 21.000 millones más a las comunidades gracias a aumentos de recaudación de hasta el 56,5% en el caso del IVA y hasta el 55% en el IRPF (hasta ahora 50%). De estos, 4.686 millones, un 22,3% del total, irían a Catalunya, de manera que la Generalitat vería incrementados sus recursos un 15%, por encima de la media de comunidades, que es de 11,82%. La vicepresidenta ha asegurado que la propuesta se adapta a las “singularidades” de todas las comunidades gracias al criterio de la población ajustada, y ha negado que beneficie a Catalunya, porque no es un modelo “a medida” de un territorio.

Adaptado a la “singularidad” de las CCAA

Según Montero, es una reforma muy trabajada que quiere sustituir al modelo vigente en los últimos 17 años y que garantiza más recursos para todos los territorios. El sistema, ha dicho, se adapta a la realidad de territorios mucho diversos en población, dispersión, envejecimiento, cambio climático o desempleo.

Por lo tanto, ha añadido, no es “un modelo en medida de una comunidad autónoma” sino que “se adapta a las peculiaridades de cada territorio. Es “un sistema que respeta la singularidad territorial”, que es “más transparente” y donde “todas las comunidades” verán incrementados sus recursos.

Niega privilegios para Catalunya

La vicepresidenta ha negado que exista ningún privilegio para Catalunya. “Hay quien quiere alimentar el agravio territorial como coartada política”, ha denunciado, pero “estos supuestos agravios nunca coinciden con la realidad” y sólo generan “polarización”, porque “no hay ningún modelo a medida de una comunidad autónoma”.

Criterios de la ‘población ajustada’

El sistema se basa en el criterio de la “población ajustada” para calibrar los recursos que van a cada territorio. Supone que se ponderan conceptos como la dispersión, el envejecimiento o la insularidad.

Así, el padrón supone el 30% del modelo, la población protegida equivalente un 38%, el número de habitantes de entre 0 y 17 años un 17%, los habitantes de entre 18 y 24 años y alumnos desplazados un 3,5%, los mayores de 65 años un 7%, los parados sin prestación un 1,5%, la superficie un 1,6%, la dispersión un 0,5%, insularidad un 0,5% y los costes fijos un 0,4%. En este punto, Montero ha reprochado a las comunidades del PP que no entraran en la negociación sobre estos criterios de población ajustada y optaran por posiciones “de máximos”.

20.975 millones más

Según la ministra, el nuevo sistema aportará a las comunidades autónomas 20.975 millones de euros más que si se mantiene el sistema actual. El total que recibían los territorios si se aplica es de 224.507 millones de euros en el año 2027.

Aumento de la recaudación del IVA

El nuevo sistema plantea un incremento de los impuestos que reciben las comunidades. En el caso del IVA, las comunidades pasan de recibir el 50% al 56,5%. En el del IRPF, del 50% al 55%. Se mantiene el 58% de impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol. Y como novedad, los impuestos recaudados en sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto especial sobre determinados medios de transportes, el juego y tasas y el impuesto sobre electricidad se incluirán en la cesta que se volverán a entregar en las autonomías después de haber sido recaudadas.

Mecanismo de solidaridad

El sistema nivela el 75% de la distancia de cada comunidad con respecto a la media de recursos por habitante ajustado. Así, las comunidades con habitante ajustado por debajo de la media reciben recursos, y los que quedan por encima aportan recursos. Con eso, según Montero, además de garantizar la solidaridad se reduce la diferencia de financiación per cápita. Hoy en día la diferencia llega a los 1.500 euros por habitante.

Las CCAA podrán recibir el IVA de las pymes

En el caso del IVA de las pymes, las autonomías podrán decidir si recibir este dinero en función del domicilio fiscal de las compañías, y no según el consumo a cada comunidad. Para Catalunya, que tiene un ecosistema con muchas pequeñas y medianas empresas, esta propuesta permitiría aumentar lo que recibiría por IVA.

Nivelación vertical

Según Montero, el Estado también aportará más recursos para una “nivelación vertical”. El objetivo es reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad con respecto a los territorios que presentan una financiación más elevada por habitante. Aquí se llega a los 19.000 millones.

Fondo de cambio climático

El sistema incorpora un fondo de ‘cambio climático’ dotado de 1.000 millones de euros. Dos tercios de este dinero las reciben las comunidades del arco mediterráneo, las más afectadas por inundaciones e incendios.

Sistema de anticipos

El nuevo modelo propuesto también destaca porque cambia el sistema de anticipos, y prevé que las entregas de dinero se puedan hacer a tiempo real. En este caso, de nuevo, las comunidades autónomas podrán escoger si mantienen la fórmula actual u optan por el de entregas inmediatas.

Ordinalidad

Otro de los elementos clave del modelo es el principio de ordinalidad, por el cual Cataluña será la tercera en aportar y la tercera en recibir. El nuevo modelo también incorpora elementos para tener en cuenta la población ajustada a la hora de hacer los cálculos. Montero ha afirmado que el modelo mantiene el statu quo de cada territorio, de manera que ningún territorio pierda dinero. El mecanismo fundamentalmente beneficia a dos comunidades autónomas, porque la administración central aporta 400 millones para que mantengan la financiación actual por habitante.

Fondo de compensación interterritorial

Ya fuera del sistema, el gobierno español se compromete a reformar el fondo de compensación interterritorial para “garantizar una aportación adicional para es comunidades que se sitúan por debajo de la media de financiación por habitante”. Se hará a través de un tramo específico del fondo que equivaldrá al diferencial de cada territorio con respecto a la media, y supondrá una aportación adicional de 3.300 millones de euros.