El Congreso tumba de nuevo el escudo social, que contenía la moratoria antidesahucios

El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, derogó ayer dos decretos leyes del Gobierno, uno que incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable, y otro para limitar el precio de productos y servicios en situaciones de emergencia. En cambio, la Cámara Baja sí dio luz verde a las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida y a los decretos para revalorizar las pensiones, por lo que los cerca de 92.000 leridanos que reciben casi 104.500 pensiones contributivas, además de las 5.600 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, podrán seguir cobrando el incremento para este año. El Gobierno se vio obligado a presentar estas medidas por separado después de que el Congreso tumbara su “decreto ómnibus”.

Además de la moratoria antidesahucios, el decreto del escudo social incluía otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026. Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de la norma son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales. El PP, Vox y Junts volvieron a votar, como hicieron hace un mes, en contra de este decreto con el argumento de que la moratoria antidesahucios protege la “okupación”.

Por su parte, el decreto del ministerio de Consumo, que también decayó, daba al Gobierno la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando se declare una situación de emergencia, como la ocurrida con los temporales en Andalucía, fijando que el precio no podrá ser superior al máximo que tuvo este en los treinta días naturales anteriores al comienzo de esta situación.

Junts afirmó que el único punto que rechaza del decreto actual es la moratoria antidesahucios y señaló que la alternativa para desbloquear la situación es eliminarla y que el Estado se haga cargo del pago del alquiler de las familias vulnerables sin alternativa habitacional para que no sean desahuciadas, pero los propietarios de las viviendas no resulten perjudicados. Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recordó tanto a Junts como al PP que hace un año votaron a favor del decreto que prorrogó durante 2025 la suspensión los desahucios con un texto “idéntico” al que hoy rechazan con la “excusa barata de la okupación”. Sumar, por su lado, afirmó que vería con buenos ojos volver a trocear el decreto del escudo social, algo que el Ejecutivo ya ha descartado. Sobre la posición de Junts al escudo social, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguró que no se cree que los de Puigdemont vayan a apoyar el decreto si se saca la moratoria antidesahucios: “Mienten más que hablan”.