Sánchez declara su “apoyo total” a Zapatero mientras que Feijóo le acusa de cómplice

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue el nuevo motivo de disputa entre los diferentes grupos parlamentarios del Congreso. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mostró todo su apoyo al exmandatario después de que la Audiencia Nacional le haya considerado el “líder” de un trama de tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal y blanqueo para obtener beneficios por intermediaciones entre Moncloa y la aerolínea Plus Ultra. Fuentes del Gobierno recalcaron que están tranquilos dado que “no hay prueba documental alguna” contra el exdirigente socialista.

Sánchez subrayó que Zapatero “no metió a los españoles en una guerra ilegal” y no “mintió” ante “el peor atentado terrorista de la historia de España”, en referencia al 11M, sino que “extendió derechos y libertades, sacó al país de la guerra en Irak y “acabó con ETA”. Además, apuntó que el PP recibe “información privilegiada” de los jueces. “El 12 de mayo, en plena campaña, anunció un sumario que era secreto. ¿Qué información le pasan? ¿La misma que a Miguel Ángel Rodríguez?”, preguntó en referencia a la mano derecha de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir la dimisión de Sánchez porque “sin su Consejo de Ministros” Zapatero no habría podido “delinquir”. El dirigente popular le acusó de no haber llegado al poder “para limpiar nada”, sino “para saquearlo todo, incluso la decencia”, y sostuvo que hará todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno. Además, no descartó una moción de censura, aunque puso el foco en que son los socios de investidura del PSOE los que deberían “mover ficha”. Al respecto, Sánchez reiteró que las elecciones serán en 2027 y señaló que “al Gobierno se llega con votos, no con atajos”.

Paralelamente, Vox solicitó a la Audiencia Nacional que retire el pasaporte a Zapatero al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. También reclamó que se le obligue a firmar periódicamente en sede judicial.

Facturas de Análisis Relevante

Por otro lado, el auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo desveló ayer que durante sus trabajos en la aerolínea sí que vio “alguna factura” de la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero. Así lo dijo en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). “No tengo nada que ocultar”, señaló Carbajo.

Los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez reclamaron una reacción al presidente después del auto de la Audiencia Nacional sobre el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero. El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, instó a regular las actividades de los expresidentes y asumió que el auto “no huele bien”, una lectura similar a la de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que advirtió que el futuro del Ejecutivo está “atado” al de Zapatero.

Por su parte, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, destacó que “si es verdad es una mierda, y si es mentira es una mierda aún mayor, es una mierda mayor que hemos visto ya demasiadas veces”, en referencia a un posible caso de lawfare.

Mientras, el portavoz de Justicia de Junts, Josep Pagès, preguntó al ministro del ramo, Félix Bolaños, “qué argumento democrático” le queda al Gobierno para no convocar elecciones cuando no tiene mayoría parlamentaria.

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, negó ayer haber organizado amaños en adjudicaciones municipales y del Gobierno regional a cambio de dádivas y que ordenara que actos del PP fueran pagados por ayuntamientos con cargo a contratos de servicios de la empresa de un amigo suyo. Así los declaró en el juicio del caso Púnica, por el que el exconsejero de Esperanza Aguirre se sienta en el banquillo junto a otros trece procesados –entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños–. Están acusados de la supuesta contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el ya fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados según la Fiscalía, que pide para el exconsejero seis años de prisión.

Por otro lado, en el juicio de la operación Kitchen, se escucharon más audios del chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, en los que le cuenta al excomisario José Manuel Villarejo que Bárcenas guardaba dos grabaciones: una, con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y otra, con el senador Javier Arenas. Asimismo, otro audio revela que el comisario de la Policía Nacional Enrique García Castaño aseguró en una declaración en instrucción que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal manifestó “interés” por los “famosos” discos duros y la información de Bárcenas.