Illa reconoce errores "graves e inaceptables" en PISA y dice que se produjeron "carencias" en la transmisión de información
Apunta a errores de interpretación y supervisión e insiste en que la incidencia no fue elevada a los responsables políticos
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su comparecencia en el Parlament.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconocido que durante la realización de las pruebas PISA 2025 se produjeron errores "graves e inaceptables" pero ha defendido que el Govern ha trabajado tanto para identificarlos, determinar responsabilidades si proceden y para evitar que se vuelvan a repetir. En una comparecencia en el Parlament, el presidente ha indicado que las diligencias abiertas al tener conocimiento de los hechos apuntan a "errores de interpretación, de supervisión y carencias en la transmisión de información inaceptables dentro de la organización". De hecho, ha explicado que el Consejo de Evaluación disponía de información sobre esta incidencia y no la elevó a los responsables políticos del departamento.
El presidente ha asegurado que el Govern "no quiere minimizar" lo que ha pasado, que ha calificado de "error grave" en el proceso de aplicación, seguimiento y validación de la muestra. Ante eso, ha dicho que al ejecutivo le corresponde explicar los hechos, determinar responsabilidades y corregir lo que no haya funcionado.
Illa ha hecho una cronología de los hechos, en la línea de la que ya había hecho a finales de agosto la consellera de Educación, y ha detallado que cuando se hicieron las pruebas, el organismo responsable era el Consejo Superior de Evaluación. Así, ha explicado que "el 11 de marzo de 2025, antes del inicio de las pruebas, este nos hizo una sesión informativa presencial con los centros seleccionados y se les facilitó documentación con la información facilitada por el Instituto Nacional de Evaluación" (INE en castellano). En este sentido, ha dicho que la información era "correcta pero incompleta", ya que no constaba el umbral máximo del 5% de exclusión de alumnos determinado por la OCDE. El 31 de marzo empezó la aplicación de las pruebas, que finalizó el 16 de mayo, y el 9 de mayo se produjo el "primer punto de inflexión", ya que el INE comunicó al Consejo de Evaluación que se estaba registrando un porcentaje de exclusión superior y pidió que se recordara en los centros el máximo establecido. Illa ha afirmado que las diligencias no han podido acreditar que esta advertencia llegara a los centros educativos, así como tampoco que se activaran las medidas específicas de seguimiento o corrección. "Todavía existía margen para actuar", ha considerado.
El presidente ha asegurado que el Consejo Superior de Evaluación recibió "hasta seis informes técnicos" sobre estos hechos. Por eso, ha considerado que "se podía y se tendría que haber reforzado" el seguimiento, advirtiendo a los centros que no habían hecho las pruebas y extremando la supervisión de las exenciones de la muestra. En este punto, ha reconocido que no se produjeron las acciones correctoras adecuadas.
Ha detallado que el 30 de mayo consta el último informe técnico dirigido al Consejo Superior de Evaluación y a partir de entonces "se interrumpen las comunicaciones sobre esta incidencia, o al menos no hay ninguna constancia". En este punto, Illa ha constatado que existió "durante meses" información que no llegó a los niveles de decisión correspondientes.
Posteriormente, en febrero de 2026, la actual directora de la Agencia de Evaluación y Prospectiva recibió "oralmente" información sobre la existencia de la incidencia y fue entonces cuando Illa ha dicho que esta "empezó a elevarse a la estructura del Departamento de Educación" y que llevó a la apertura de diligencias. En junio de este año, el INE informó "debidamente" a la Agencia sobre el alcance de la incidencia, que comportó excluir un 23,2% de alumnado cuando la recomendación era de un 5%.
Sin identificar a los responsables
Todo derivó en tres expedientes disciplinarios y la destitución de Teresa Sambola como secretaria general de Educación. Sobre los expedientes, dos son por incumplimiento grave de obligaciones y deberes inherentes a la función pública y el tercero por una infracción leve en relación con la normativa de transparencia y buen gobierno. Illa ha detallado que los tres expedientes están "en curso" y que "no corresponde anticipar el resultado" ni identificar a los responsables. Ha añadido que estos expedientes tienen que determinar los hechos y las consecuencias que se deriven.
"Lo que pasó con PISA no tendría que haber pasado, el Govern lo asume", ha dicho Illa, al mismo tiempo que ha defendido que el ejecutivo ha empezado a corregir los procesos que no funcionaron y fortalecieron los mecanismos de supervisión.
A pesar del error, el presidente ha considerado que los resultados globales de PISA por todas partes, y en especial los de España, dan información útil y apuntan a un descenso "muy preocupante" de los resultados y eso tiene que servir de "estímulo" para actuar para mejorarlos.
En este contexto, ha defendido el debate que ha arrancado en el Govern para alcanzar un pacto de país sobre el futuro de la educación en Catalunya. Por eso, ha apelado al conjunto de la comunidad educativa y fuerzas del país para "aprovechar esta oportunidad" y ha pedido que se haga "con sentido común, responsabilidad y con aportaciones constructivas y positivas". Además, ha reiterado el compromiso para trabajar para alcanzar el 6% del PIB en educación, reconociendo que tendrá que ser "gradualmente" y sin concretar calendarios. "Gradualidad tampoco quiere decir lentitud", ha añadido.
