El Supremo confirma el tope del 2% en la actualización de los alquileres

Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la validez constitucional del límite impuesto por el Gobierno a la actualización anual de los alquileres de vivienda en 2022, fijado en un máximo del 2%. El alto tribunal concluye que la medida no infringió el derecho de propiedad ni supuso una afección a su contenido esencial. La limitación fue aprobada en plena escalada inflacionaria, tras el impacto económico derivado de la guerra en Ucrania, y formó parte del conjunto de medidas de protección social destinadas a frenar el encarecimiento del coste de la vivienda. En la práctica, el tope impedía que los arrendadores aplicaran incrementos superiores al porcentaje fijado, aun cuando los contratos incluyeran cláusulas de actualización vinculadas al IPC. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso presentado por Societat de Arrendaments 2007 SLU, que reclamaba una indemnización de 631.000 euros al considerar que la medida le había generado pérdidas económicas significativas. La empresa sostenía que la intervención pública alteró de forma sustancial las condiciones contractuales previamente pactadas y vació de contenido su derecho a obtener rentas conforme al mercado. Frente a ello, el Supremo recuerda que el derecho de propiedad no es absoluto y admite modulaciones cuando concurren razones de interés general. En este caso, la sentencia subraya que el legislador actuó dentro de su margen de actuación al establecer un límite temporal y generalizado, en un contexto de elevada inflación. El Tribunal destaca que, en 2022, el IPC alcanzó cifras superiores al 7% en los primeros meses del año y superó el 10% en verano, lo que hacía inviable mantener ese índice como referencia automática para la revisión de las rentas. Asimismo, subraya que el límite se aplicó únicamente a la revisión de los contratos vigentes y no a la determinación de las rentas en los nuevos contratos. Tras el fallo, el Ministerio de Vivienda ha valorado positivamente la decisión judicial y ha defendido la intervención pública como una herramienta eficaz para amortiguar los efectos de la inflación sobre los hogares arrendatarios. En el supuesto de que tenga dudas sobre sus derechos como arrendador o arrendatario, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente. En Huguet Ostáriz Abogados contamos con una larga experiencia en defender los derechos de nuestros clientes, avalándonos nuestros casos de éxito.