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El cultivo del almendro está experimentando en los últimos años un gran crecimiento, y lo que lo hace atractivo para el agricultor es que sus precios van al alza y en la actualidad hay variedades, como por ejemplo la Marcona y la Llargueta, que se cotizan casi al doble que hace una década. Uno de los principales motivos hay que buscarlo en el gran aumento que ha experimentado su consumo a nivel mundial, una demanda que se ha disparado en los países desarrollados y sobre todo en emergentes como China e India, que tienen un gran volumen de población, y también por la difusión y amplia aceptación entre los consumidores de la dieta mediterránea. Un dato significativo que pone de relieve la expansión de este cultivo es que solo en Catalunya en un año se han plantado 900 hectáreas de almendro. Una producción a la que se han apuntado tanto los pequeños agricultores como las grandes empresas, sean del sector agrario o de otros que diversifican su negocio. Entre los primeros son básicamente productores de fruta dulce que se han hartado de las penurias económicas provocadas por una cotización por debajo de costes, se han pasado al almendro para poder cambiar así la inercia de sus economías. Y en cuanto a los segundos, basta recordar el auge que está teniendo este producto en el área regable del Segarra-Garrigues, con proyectos de empresas del sector como los de Torrons Vicens con 500 hectáreas, Ocean Almond con 275, la organización de productores Crisol con decenas de hectáreas, y también de firmas que tienen su principal actividad en otros frentes, como la constructora Sorigué, que se ha unido a Aguas de Barcelona para plantar 300 hectáreas en una finca de la Noguera.

Todo un boom para este cultivo que está creciendo sin control atraído por su buen resultado económico, pero que como ha ocurrido en otras “modas” puede conllevar una sobreproducción y por tanto una caída de precios con los correspondientes perjuicios económicos si no se ha cubierto la inversión, lo que afectaría especialmente a los pequeños agricultores. No se trata de ser agoreros pero sí de alertar a la Administración que debería ir pensando en diseñar una planificación con el objetivo de evitar una burbuja como la que vivió el ladrillo, cuyas graves consecuencias todavía estamos pagando.

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