Cien días de prisión

Ayer se cumplían cien días del encarcelamiento de los dirigentes de la Assemblea Nacional de Catalunya y de Òmniun Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusados primero de supuesta sedición por la Audiencia Nacional, once días antes de la proclamación en el Parlament de la república catalana, y posteriormente del delito de rebelión por el Tribunal Supremo, junto al ex-vicepresidente Oriol Junqueras y el ex-conseller Joaquim Forn en prisión desde el 2 de noviembre. La acusación se centra en la actuación de los Jordis durante las protestas ante la conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre y según la jueza los inculpados intentaron obstaculizar una operación policial y judicial que comportaba el registro de varios edificios oficiales con el objetivo de impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, pero la tipificación de sus actuaciones como sedición, primero, y posteriormente como rebelión han merecido críticas de juristas y políticos, incluido Felipe González, y parece difícilmente sostenible como muestra la retirada de la euroorden con cargos similares para quienes se exiliaron en Bruselas. Si en Europa no se pueden probar estos delitos, es lamentable que se mantengan en España porque no hay ninguna prueba de que los Jordis incitaran o recurrieran a la violencia, requisito indispensable para probar la rebelión. Justo al contrario, hay pruebas documentales que muestran como intentaron aplacar a los manifestantes, les conminaban a regresar a sus casas y evitar cualquier conato de violencia y expertos en Derecho Internacional recuerdan que les ampara el derecho a la libertad de expresión o de reunión, y que la tipificación de los supuestos delitos es exagerada y desproporcionada. Pero lo más grave es que por la expresión de unas opiniones, sin el menor atisbo de violencia y sin que se haya celebrado juicio, los Jordis lleven más de tres meses en prisión porque se les haya aplicado una de las figuras más arbitrarias del ordenamiento jurídico que es la prisión preventiva. Se contempla teóricamente ante el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración en el delito, pero los hechos demuestran que también se aplica como forma de castigo o advertencia para casos similares y podría darse la vergüenza de que los tribunales absolvieran a quienes ya han estado tres meses en prisión sin haberse podido defender en un juicio. Los Jordis, y también Junqueras y Forn, deben salir de prisión.