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Después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y antes de que lleguen nuevos pronunciamientos del Tribunal de Derechos Humanos, convendría reflexionar sobre las razones por que se rectifican con demasiada frecuencia en instancias europeas decisiones de los tribunales españoles. La del caso Junqueras es la última por ahora, pero sin ánimo exhaustivo podemos recordar el rechazo a diversas euroórdenes en tribunales de Bélgica o el Reino Unido y la puesta en libertad de Puigdemont en Alemania por lo que respecta al caso catalán, pero también pueden añadirse las rectificaciones europeas a la condena de Arnaldo Otegi, la del caso Atutxa o la del etarra Parot, que obligó a cambios en el cómputo de cumplimiento de penas, por no hablar de otros casos como el de Ruiz-Mateos, con la condena del tribunal de Estrasburgo a España por no haber dado audiencia al empresario en la expropiación de Rumasa, o el más antiguo caso Bultó, en el que la justicia europea consideró que la Audiencia Nacional había vulnerado el derecho a un juicio justo de los condenados por el atentado que costó la vida al empresario barcelonés. En el caso Junqueras, el varapalo ha llegado porque el mismo Tribunal Supremo planteó una cuestión previa sobre la inmunidad y reclamó el pronunciamiento de la justicia europea continuando con el juicio sin esperar a su decisión, y en otros casos ha sido por cuestiones de forma, por errores de procedimiento o por calificaciones dispares. Pero frente a los que defienden la existencia de dos justicias diferentes hay que explicar que las instancias europeas forman parte del ordenamiento español como último recurso, regulado por las mismas leyes y que, aunque sean muy llamativas, las condenas a España son similares a las que reciben Alemania, Holanda y Reino Unido e inferiores a las de Austria, Bélgica o Italia. No es un problema del sistema, considerado por los expertos como garantista, sino de quienes lo aplican y del procedimiento y las formas aplicadas en algunos casos, y por aquí tendría que llegar la reflexión y la autocrítica, porque es evidente que algunos jueces han cometido errores que pueden provocar el desprestigio de la justicia española. Lo que tampoco tiene sentido es alimentar la eurofobia como hacen desde algunos sectores por entender que desde Europa aplican un rasero diferente. Un estado de derecho se asienta en el respeto y cumplimiento de la ley.

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