Menos vacunas de las prometidas

Se cumplen cuatro semanas desde que se suministró la primera vacuna contra el coronavirus y desgraciadamente el ritmo de vacunación está muy por debajo de las previsiones. Se ha empezado por la población de más riesgo, los mayores que están en residencias, pero hasta ahora en la región sanitaria de Lleida solo han recibido vacunas 10.800 personas, apenas el 3 por ciento de la población. En la región del Pirineo, la proporción es ligeramente menor, el 2,7, y aún lo es menos en el conjunto de Catalunya y de España. El principal problema ha surgido con el suministro de dosis, que no ha sido tan rápido y masivo como se había previsto, y afecta no solo a España, sino a toda la Unión Europea, al haber bajado su producción Pfizer por supuestos problemas en su planta de Bélgica y sin que las vacunas de otras farmacéuticas como Moderna o AstraZeneca hayan podido cubrir el hueco por problemas de producción, distribución o logística. Es urgente que se resuelvan estos problemas y que se conozcan con exactitud los contratos con las farmacéuticas, como ya han reclamado algunos grupos en el Parlamento europeo, porque hay unos compromisos y también unas necesidades, ya que la vacunación masiva es la mejor fórmula para combatir el repunte de casos que estamos padeciendo y para evitar el riesgo de saturación hospitalaria que amenaza con producirse en febrero. A este problema de producción y logística se añade cierta discrecionalidad en el suministro de las primeras dosis, que ha propiciado que se vacunaran personas que no estaban incluidas en los grupos de riesgo y hemos visto como políticos, militares y hasta algún religioso se ha aprovechado de su situación para vacunarse antes perjudicando a otras personas que están en una mayor situación de riesgo. Como hemos repetido en otras ocasiones, la pandemia saca lo mejor y lo peor de cada persona y frente a tantos ejemplos de solidaridad y abnegación como nos hemos encontrado en estos diez meses, también surgen casos de egoísmo que ponen en entredicho el rigor en la aplicación del calendario de vacunación. Y también hay que recordar que se había anunciado una campaña para divulgar la necesidad de vacunarse, combatir las tesis negacionistas y evitar que la actitud de unos pocos que se niegan a vacunarse pudiera perjudicar al colectivo. Legalmente no puede imponerse la obligatoriedad de la vacunación, pero sí puede exigirse que quien trabaja en determinados puntos de riesgo, como hospitales, residencias o escuelas, se atenga a las normas sanitarias y no se convierta en un riesgo potencial para quienes están a su alrededor. Está en juego la salud colectiva y no se puede discutir la eficacia de las vacunas para salvar vidas, pero también hay que reclamar que se cumplan los calendarios, que se suministren las dosis comprometidas y que se acelere el ritmo de vacunación.