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El centro de Barcelona vivió ayer una situación de pánico que, afortunadamente, resultó ser una falsa alarma.

Poco antes del mediodía, una supuesta explosión en un céntrico hotel de las Ramblas, en la calle Boqueria, hizo activar todos los resortes de las fuerzas de seguridad y activó los protocolos antiterroristas. Este hecho, junto con la salida del citado establecimiento de un hombre ensangrentado, hacían presagiar lo peor.

Y todo ello ocurría cuando faltaba un día para conmemorar, hoy, el cuarto aniversario de los terribles atentados sucedidos tanto en esta arteria principal de la Ciudad Condal como en Cambrils.

La situación de alarma se desactivó cuando las fuerzas de seguridad comprobaron que la supuesta explosión no era sino fruto de unos efectos pirotécnicos de una calle adyacente, mientras que el hombre herido había sufrido un accidente doméstico en el hotel en cuestión y se cortó por la rotura de una mampara de su habitación. Como decimos, por suerte, se trató de una falsa alarma pero demuestra que el miedo, que es uno de los pilares y objetivos que pretende el terrorismo en todas sus modalidades, nos atenazó durante horas y ya nos temíamos lo peor, reviviendo las escalofriantes imágenes de las que fuimos testigos el 17 de agosto de 2017.

Y esta es la gran victoria de los terroristas: que perdamos el sentido de seguridad al mínimo contratiempo y que se siembre la desconfianza.

Hemos vivido muy de cerca diferentes atentados, y de diferente signo, en las últimas décadas y es por tanto lógico que se activen los protocolos policiales ante la mínima sospecha. Pero es reconfortante que, en casos como el de ayer, se trate solo de falsas alarmas.

Los derechos de las víctimas

Y coincidiendo con el aniversario de los ataques terroristas del 17-A, que recordemos dejaron 16 muertos y más de 140 heridos en la capital catalana y Cambrils, representantes de los afectados denunciaron ayer que es “estremecedor” que haya casi 250 víctimas, de las 345 reconocidas según la sentencia de la Audiencia Nacional, que no consta si han sido indemnizadas y asesoradas por el ministerio de Interior, por lo que la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) ha colgado sus nombres en su página web para intentar localizarlas, ya que no tiene otros medios para hacerlo por su cuenta.

Es vergonzante que, cuatro años después y con fallo judicial firme, heridos leves o con secuelas psicológicas traumáticas no hayan sido ni reconocidos ni asesorados sobre su situación y sus derechos. Las administraciones deben velar para solventar esta situación increíble.

Seguro que no borrarán los daños sufridos, pero es su obligación mitigar sus consecuencias para que puedan beneficiarse de las prerrogativas que les corresponden por ley.

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