Hay que acabar con la improvisación educativa

El curso escolar acabó ayer con el malestar de la mayoría de responsables de centros de Lleida después de que el departamento de Educación les comunicara el jueves que no financiará ni permitirá la instalación de aire acondicionado en las aulas –a pesar de que ya hay escuelas que han climatizado algunas– cuando el cambio climático está provocando que docentes y alumnos deban soportar temperaturas de más de 30 grados durante varias semanas. No hay nada que haga pensar que en los próximos cursos el calor irá a menos, sino todo lo contrario, y repartir un par de ventiladores por escuela e instituto no parece un plan efectivo para afrontar esta realidad. El problema, como casi siempre, es que falta presupuesto, lo que también se hace notar en otros aspectos que afectan a la calidad de la enseñanza, como la implantación efectiva de la escuela inclusiva. Hace unos días, el departamento anunció la contratación de 352 de profesionales de atención educativa para el próximo curso para toda Catalunya, que solo cubrirán una parte del déficit existente. Precisamente, directores de Lleida coinciden en señalar que esta es una de las asignaturas pendientes, a la vez que vuelven a reclamar por enésima ocasión un auténtico pacto político sobre la educación en Catalunya para evitar los continuos cambios cada vez que hay un nuevo Govern o conseller. Un buen ejemplo de esta situación es el reciente anuncio de la consellera Esther Niubó de la supresión progresiva de las pizarras digitales en las aulas de Infantil, en el marco de la regulación de pantallas que comporta la prohibición total del uso de los móviles en todas las etapas educativas, así como la limitación del reparto de ordenadores entre los alumnos de quinto de Primaria, ya que solo podrán utilizarlos dentro del colegio. No estamos cuestionando estas medidas, sino el hecho de que hasta hace muy poco se promoviera la implantación de estos dispositivos digitales de forma generalizada sin un análisis detallado de sus consecuencias a corto y largo plazo y sin haberlo consensuado con la comunidad educativa, lo que evitaría giros como este que originan que la cantidad invertida en esta actuación, que con toda probabilidad se contabiliza por unos cuantos millones de euros que han salido del bolsillo de los ciudadanos, acabe en la papelera. Y mientras, los resultados de los alumnos catalanes están a la cola de los de todos los países de la OCDE en los informes PISA y los de las pruebas de nivel que se hacen en Primaria y la ESO denotan que de momento no hay visos de mejora, según avanzó hace unos días la propia consellera. Es necesario acabar de una vez por todas con la improvisación en la política educativa y fijar un marco estable que permita a los centros desarrollar su proyecto sin sobresaltos, contando con un control que garantice que todos cumplan unos estándares de calidad.