Del fuego a las brasas
Lleida arde sobre una paradoja peligrosa: más de la mitad de sus municipios con obligación legal de tener un plan contra incendios carecen de él o lo tienen obsoleto. No se trata de un trámite burocrático, sino de la diferencia entre una emergencia controlada y una catástrofe. Cuando los incendios forestales son cada vez más virulentos, la inacción no es una opción: es combustible añadido. El cambio climático, con sequías más prolongadas y temperaturas extremas, ha transformado el mapa del riesgo. El Infocat de 2024 así lo confirma: más municipios obligados, más vulnerabilidad. Sin embargo, mientras la Generalitat aprueba planes y ofrece apoyo técnico, la realidad es que muchos ayuntamientos –incluso capitales comarcales– siguen sin cumplir. Alegar falta de recursos puede explicar el retraso, pero no lo justifica cuando hay vidas y territorios en juego. No basta con tener el documento. Los planes deben aplicarse, implicar a la ciudadanía, prever evacuaciones, coordinar servicios y entrenar respuestas. Porque los incendios no esperan a que la administración se ponga al día. La tragedia de Torrefeta i Florejacs, con dos víctimas mortales y 5.100 hectáreas arrasadas, es un aviso brutal: no se combate el fuego con papeles sin revisar ni con promesas futuras. Los ayuntamientos tienen una responsabilidad indelegable. Y la Generalitat, la obligación de garantizar que la normativa se cumple, ofreciendo medios y, si es necesario, exigiendo sanciones. Porque frente al fuego, la improvisación mata. Urge pasar del discurso a la acción: que cada plan no sea un archivo olvidado, sino la herramienta que salve vidas. Literalmente. Desde el año 2000 hasta 2022, los incendios forestales han provocado al menos 127 muertes en España. Demasiado recientes las de los dos vecinos de Agramunt atrapados por el fuego en Coscó, un núcleo de Oliola, para olvidar que tras la frialdad de las cifras las tragedias tienen nombre y apellidos, como los de los cinco bomberos del GRAF de Lleida que en 2009 fallecieron en Horta de Sant Joan en un incendio provocado.
Inspecciones necesarias
El vídeo en el que una camarera de un restaurante de Aitona atiende a los comensales mientras neutraliza a una rata con el pie ha encendido todas las alarmas. El local se ha clausurado, pero la pregunta es ¿qué hubiera pasado si un cliente no hubiera grabado estas imágenes? Nos gusta pensar que las autoridades sanitarias inspeccionan de oficio los lugares en los que se cocina y sirve comida y se exige un mínimo de higiene para dar licencias. Es evidente que los ayuntamientos pequeños no pueden asumir las inspecciones y necesitan la colaboración de una administración supramunicipal.
