Una insólita condena al fiscal general
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid y líder del ala dura del PP, Isabel Díaz Ayuso. La resolución, respaldada por cinco de los siete magistrados y con el voto discrepante de dos, también le impone el pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. La notificación del fallo a las partes se avanzó a ayer, pero todavía no está redactado, así que habrá que esperar para conocer los argumentos en que se basan los jueces que forman una mayoría conservadora en el tribunal para este veredicto, que constituye la guinda del pastel de un proceso insólito. ¿Por qué decimos esto? Para empezar, porque es totalmente excepcional que se lleve a juicio una filtración que afecta a un caso judicial o susceptible de ser judicializado, en este caso era la denuncia de Fiscalía contra el novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.951 euros en 2020 y 2021 a través de facturas falsas. Basta con recordar las múltiples filtraciones que se han registrado no solo en los juzgados de provincias o en los tribunales superiores, sino en el propio Supremo, sin que nunca se haya abierto ninguna diligencia. Para continuar, porque esta causa arranca de un bulo difundido por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para proteger a la pareja de su jefa política. Él mismo admitió en su declaración durante la vista que difundió a través de medios afines la falsedad de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, cuando era este quien lo había hecho reconociendo dos delitos fiscales. Primero lo publicó un diario, a continuación una cadena de televisión ofreció la versión correcta y al día siguiente varios medios dieron por buena la información que les había facilitado Rodríguez, lo que llevó a la Fiscalía a publicar una nota aclarando cuál era la verdad y haciendo referencia al cruce de correos entre las dos partes, lo que motivó que González Amador, el Colegio de Abogados de Madrid y el pseudosindicato ultra Manos Limpias se querellaran contra García Ortiz por presunta revelación de secretos. Por último, a lo largo de la vista no se presentó ninguna prueba fehaciente que demuestre que el fiscal general filtrara el mail del abogado del empresario. Es más, seis periodistas afirmaron que lo conocieron antes de que el ministerio público difundiera su nota y que les llegó por otras fuentes. Sobra decir que no les deseamos ningún perjuicio, pero si el tribunal fuera consecuente cabría la posibilidad de que les procesara por falso testimonio, porque esta condena solo es posible si cree que han mentido.
