Más vivienda pública para contener los alquileres

El año 2025 fue bueno para el empleo. En la provincia de Lleida, la Seguridad Social ganó 5.473 afiliados, hasta alcanzar los 211.966, mientras que el número de parados que están registrados era de 15.789 en diciembre, el menor desde 2007, poco antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Resulta llamativo que en contraste con esa época, los índices de pobreza son mayores y las dificultades de acceso a un derecho básico como es el de la vivienda también. Dos hechos que explican esta sustancial diferencia son, por una parte, que ahora abundan los trabajos con salarios bajos y, por otra, que en el periodo previo a la crisis las entidades bancarias facilitaban créditos hipotecarios por el 100% del valor de compra de un piso. La contrapartida amarga de este segundo factor fue el alud de desahucios que se llevaron a cabo cuando muchas personas perdieron su empleo o vieron recortada su retribución y no pudieron asumir el pago de los recibos de la hipoteca. Precisamente, desde entonces los bancos ya no dan préstamos que cubran la totalidad del coste de la vivienda, sino que la gran mayoría llegan como mucho al 80%. Esto ha provocado que el mercado del alquiler haya ganado mucha relevancia en los últimos quince años, porque un buen número de familias y de jóvenes carecen de los recursos necesarios para afrontar una compra. El aumento de la demanda inicialmente comportó también que hubiera una mayor oferta de pisos en arrendamiento, pero a lo largo del tiempo esta ha crecido menos que la primera y los precios se han acabado incrementando de forma muy importante. La Generalitat intentó atajar esta escalada con la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que incluyen a 21 municipios de Lleida y un total de 271 en Catalunya –donde reside el 90% de la población– en los que se fija un tope para el importe mensual del alquiler. A raíz de ello, se disparó la oferta de arrendamiento de habitaciones y de temporada, dos fórmulas que permitían eludir este límite. Sea por este fenómeno o por otros motivos, el coste del alquiler ha continuado al alza. Como publicamos ayer, un informe del portal inmobiliario Idealista indica que Lleida fue la provincia española donde más subió en 2025, con un 16,4%, hasta una media de 11,5 euros por metro cuadrado. Justamente, con el nuevo año acaba de entrar en vigor la normativa aprobada por el Parlament que también establece un máximo para el alquiler de habitaciones y de temporada, por lo que habrá que esperar un tiempo para comprobar si resulta efectiva. Y todavía habrá que esperar más para ver si la construcción de pisos sociales promovida por la Generalitat avanza al ritmo anunciado por el President Salvador Illa. La falta de un gran parque público de vivienda es uno de los factores que más ha contribuido al incremento de los precios, por lo que es necesario disponer de él cuanto antes.