Transparencia limitada sobre el 23-F
El elefante (blanco) ha parido un ratón. Esta es la conclusión que puede extraerse tres días después de que fueran desclasificados documentos oficiales relativos al frustrado golpe de estado del 23-F que hasta ahora eran secretos. El anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el lunes, el día antes de que el Consejo de Ministros aprobara esta medida, hacía pensar lo contrario. “La memoria no puede estar bajo llave”, afirmó en sus redes sociales, añadiendo que serviría para “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. Finalmente, han salido a la luz pública 153 unidades documentales, varias de ellas de escaso interés, y llama la atención que hay muy pocas referencias a todo el periodo de preparativos del golpe. Como dice el exalcalde de Lleida Antoni Siurana –cuyo almuerzo en su casa con el entonces gobernador militar de Lleida Alfonso Armada y los dirigentes socialistas Enrique Múgica y Joan Reventós el 22 de octubre de 1980 ha sido objeto de muchas especulaciones–, los entresijos de la intentona no destacaron precisamente por su brillantez, sino todo lo contrario, así que resulta difícil creer que los servicios de inteligencia no tuvieran constancia de ellos de forma más o menos detallada, aunque varios de sus miembros también estuvieran implicados. Tampoco figura ninguno que arroje luz sobre el papel que jugó el rey Juan Carlos I durante las semanas y meses anteriores. Por ejemplo, no aparece nada sobre la reunión que mantuvo en Baqueira con Armada solo 17 días antes del golpe, y los ciudadanos únicamente han podido consultar documentos que reflejan su actuación el mismo 23-F, que no han aportado novedades respecto a lo que ya se sabía. Por otro lado, hay que volver a insistir en la gran anomalía que supone que 50 años después de la muerte de Franco todavía siga vigente la ley de secretos oficiales aprobada en 1968, durante la dictadura. El lunes, Sánchez enmarcó el anuncio de esta desclasificación dentro de los trámites de una nueva ley que prevé un plazo máximo de 45 años para mantener bajo llave la información considerada secreta. Aparte del debate sobre si hay que acortar este tiempo, es impresentable que la normativa franquista siga vigente en ámbitos como este.
¿Habrá presupuestos?
A principios de enero, parecía que la Generalitat podría tener nuevo presupuesto este año. Ahora, después de un acuerdo entre el PSC y los Comuns, todo depende de ERC, y las cosas pintan mal después de que en una reciente reunión Pedro Sánchez no diera garantías a su líder, Oriol Junqueras, de un traspaso de la recaudación del IRPF. El problema para Salvador Illa, cuyo Govern aprobó ayer el proyecto de las cuentas, es que la solución depende de Madrid.
