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La comisión de Territorio de Catalunya aprobó ayer al fin de forma definitiva el plan director de la actividad económica de la Plana de Lleida, cuyo núcleo es el futuro polígono de Torreblanca, situado al pie de la N-240 a las afueras de Lleida, más allá de la variante sur. Este visto bueno llega cinco años y dos meses después de que el entonces vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, presentara el proyecto en Lleida con el objetivo de que pudiera estar en obras en 2023. Durante este lustro el Govern ha cambiado tres veces: el de ERC y Junts dio paso a uno en solitario de Esquerra en septiembre de 2022, y en agosto de 2024 empezó su singladura el actual del PSC. Representantes de todos ellos han afirmado que esta es una iniciativa estratégica no solo para Lleida, sino para Catalunya, porque en el entorno de Barcelona ya no hay espacio para la implantación de empresas que necesitan una gran superficie de suelo. La paradoja es que han hecho falta 5 años para sacar adelante la planificación urbanística, y ahora habrá que proceder a la redacción del proyecto de urbanización y licitar y adjudicar las obras para que estas puedan comenzar. Según la Generalitat, esto será posible el próximo año, aunque a la vista de lo sucedido hasta ahora con los plazos anunciados hay que ser cautos y, además, es necesario recordar que la Paeria y el Incasòl ya adquirieron los terrenos hace más de 15 años, cuando se impulsó un primer proyecto que quedó en el cajón por la crisis económica. La principal novedad que aportará el polígono de Torreblanca con respecto a los ya existentes es que las 202 hectáreas con las que contará inicialmente se dividirán en parcelas aptas para la implantación de empresas de gran tamaño. Para empezar, más de la mitad del terreno, 135 hectáreas, está reservado para una sola gigaparcela, mientras que el resto tendrán un mínimo de 4 hectáreas. Asimismo, el plan incluye la reserva de espacio para la construcción de una estación intermodal de mercancías en la línea férrea de Lleida a Tarragona, que pasa por el lado de la futura zona industrial, con capacidad para 12.000 trenes anuales. Sobre el papel, todo es positivo, así que hay que pasar de las palabras a los hechos lo antes posible, porque durante el tiempo en que la tramitación de Torreblanca ha estado encallada ya se han perdido oportunidades. Estos últimos años han sido de una relativa bonanza económica, propicia para que hubiera empresas que llevaran a cabo ampliaciones o nuevas implantaciones de las que la ciudad de Lleida ha quedado al margen al no disponer de una oferta competitiva de suelo industrial. De momento, habrá que esperar como mínimo hasta 2027 para que empiecen los trabajos. Así que hay que instar a todas las administraciones a que agilicen sus procedimientos. Deben velar para que se cumpla la normativa, sí, pero de forma eficiente.

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