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Hace unos meses el ayuntamiento de Barcelona contrató a una compañía de teatro que ridiculizó la lengua catalana para denunciar la supuesta discriminación del castellano en Catalunya en ámbitos como el sanitario. Con ese acto se pagó una mentira con dinero público. “L’única base segura de comprensió i expressió, l’única pedra de toc granítica és la llengua que ens ha ensenyat la mare, ja sigui petita o gran, pobra o rica. Si ens manca això ens manca tot”, escribió Josep Pla. Nadie tiene derecho a robárnoslo todo, y menos con nuestro dinero. Aquel caso no solo indignó porque se estaba pagando con dinero público una mentira. En la sanidad catalana nadie es discriminado por hablar lengua castellana, por supuesto, pero no solo eso: a quien se discrimina es al paciente catalanohablante, que muchas veces no puede expresarse en su lengua, la que le enseñó su madre, en una dependencia sanitaria en la que probablemente se encuentra en un estado de máxima vulnerabilidad. Ya es hora de que se plantee adecuadamente lo que comporta la indiscutible discriminación de la lengua catalana en ámbitos como el sanitario o el judicial. No se trata solo de que se tiene que respetar la lengua catalana por razones culturales o de identidad; se trata, sobre todo, de que no hacerlo comporta una indefensión intolerable. El estudio de la investigadora leridana de la Universitat Pompeu Fabra Joana Pena-Tarradelles, a quien entrevistamos hoy en el diario, constituye la primera vez que se analiza de forma científica esta indefensión en Catalunya. Lo hace concienzudamente, con un riguroso análisis de realidades semejantes en el mundo (Quebec, Gales, Finlandia, País Vasco...) y numerosas entrevistas en Catalunya. “Yo soy bilingüe, pero cuando tengo dolor, no”, explica en el estudio un paciente canadiense. La indefensión es particularmente grave en personas de edad avanzada que por razones obvias tienen a menudo problemas de salud y a las que les cuesta expresar con precisión lo que les ocurre en castellano porque no es su lengua materna, lo que puede dar lugar a errores de diagnóstico, incorrecciones en los tratamientos y obstáculos en la empatía entre el personal sanitario y el paciente, tan importante para el bienestar y la curación del enfermo. Lo que vale para el mundo sanitario vale para el judicial. Mientras los tribunales llevan años corrigiendo con desconcertante impertinencia las políticas lingüísticas aprobadas en el Parlament, que es donde tienen que aprobarse las políticas lingüísticas, y no en los juzgados, las sentencias dictadas en catalán en Lleida son apenas un 10 por ciento. Poder hablar en la lengua que te enseñó tu madre es un derecho especialmente importante cuando te enfrentas a una posible enfermedad grave o a una posible pena de prisión. De manera que la administración ya sabe lo que tiene que hacer. Toca posar-se les piles.

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