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Las 85 páginas del auto de imputación de Zapatero no contienen ni un solo indicio de que el expresidente haya cometido un delito de tráfico de influencias. El juez no le imputa solo este cargo; también otros tres, pero estos cuelgan de aquel, y si no hay indicios de tráfico de influencias, desaparecen los otros tres. En todo el auto no hay un solo indicio de que el expresidente mediara de forma ilícita ante los funcionarios públicos del SEPI que concedieron un crédito de 53 millones a la compañía aérea Plus Ultra. Sin estos indicios, no puede haber imputación por tráfico de influencias. Se tiene que demostrar que hay elementos racionales que lleven a pensar que hubo prevalimiento de Zapatero para influir en la decisión de los funcionarios del SEPI para conceder el crédito, o en miembros del gobierno socialista con capacidad para influir en los funcionarios que acordaron la concesión. Nada de eso hay en las 85 páginas del auto de imputación, que sí contienen verdades que no son delitos (pero que la redacción del texto judicial se esfuerza en que parezca que lo son) y delitos que no han existido o son imputables a personas que trataban con el expresidente del gobierno, pero no a él. Sorprenden los elogios que hemos leído en los últimos días de un auto que no solo no es admirable, sino que más bien parece que debiera ponerse como ejemplo de lo que no debería ser un auto de imputación. Todo lo que se cuenta en él de Zapatero es feo, muy feo, moralmente bochornoso, pero no es delito. El expresidente merece un castigo político enorme por todo lo que se ha sabido a raíz de este auto, pero de momento no se han acreditado indicios de que haya delinquido, por lo que el auto del juez Calama no debería existir. El golpe político a la figura del primer expresidente de la democracia española que ha sido imputado es enorme, y su anterior elevación a los altares del progresismo fue probablemente exagerada, porque es verdad que su presidencia tuvo grandes logros (matrimonio entre personas del mismo sexo, ley contra la violencia machista, ley de memoria, ley de dependencia), pero el 15-M nació contra sus políticas de austeridad y su reforma antisocial de la Constitución. Todo eso es verdad, pero Zapatero no debería estar imputado mientras no aparezcan unos indicios de delito que, en el supuesto de que existan, no constan en el auto de imputación. De manera que la justicia sigue sin sacarse de encima, en sus instancias más elevadas (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), la sospecha de que cae demasiado a menudo en el inadmisible lawfare cuando investiga a según qué personas de según qué partidos. Mientras no aparezcan unos indicios de delito que de momento se desconocen, da toda la impresión de que a Zapatero se le ha imputado por haber cometido el peor delito que para algunas personas parece que se puede cometer en España: haber apoyado a Pedro Sánchez.

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