Falta vivienda y faltan políticas para solucionarlo

La provincia de Lleida tiene un déficit de 8.000 viviendas para cubrir la demanda existente. Lo dice un estudio del director de Economía Española de CaixaBank Research, Oriol Aspachs, publicado dentro de la Memoria Económica de Catalunya 2025 de las Cámaras de Comercio. El informe apunta que esta cifra continuará aumentando porque el número de las que se acaban cada año está por debajo de los nuevos hogares y desde 2021 la diferencia se ha disparado. Señala diversos factores que explican esta situación. Uno es la lentitud administrativa, que en lugar de agilizarse se complica con nuevas normativas. Desde que se empieza a tramitar el planeamiento de un sector urbanizable y se aprueban los proyectos de reparcelación y urbanización transcurren varios años, a los que hay que añadir el tiempo de ejecución de las obras. Otro es el encarecimiento de los materiales, en el que incide el anterior, porque el presupuesto estimado cuando se inicia el planeamiento queda totalmente desfasado cuando pueden iniciarse los trabajos a causa del tiempo transcurrido. También alerta de la falta de mano de obra, un lastre que afecta a este y otros sectores y que la administración y las instituciones implicadas en la formación profesional no dan con la tecla para solucionarlo. A las causas que indica este estudio cabría añadir algunas más. Una es que no se construyen bloques de titularidad pública. Hace mucho tiempo que los sucesivos planes de vivienda se centran en ayudas a promotores y compradores y se olvidan de que la administración tiene instrumentos para poder construir pisos. Y una segunda, la falta de determinación para aprovechar el gran número de viviendas que están en manos de Sareb, la sociedad pública-privada que absorbió inmuebles terminados, a medio hacer o recién iniciados que eran propiedad de las cajas que tuvieron que ser rescatadas durante la crisis. El Estado financió esta operación con decenas de miles de millones de todos los ciudadanos de los que solo ha recuperado una pequeñísima parte. Garantizar que este parque inmobiliario pase a ser público, adecuando los edificios en mal estado y finalizando los que no están acabados, sería una forma de compensar la ingente cantidad de dinero que costó el rescate de las entidades bancarias. Por último, Josep Maria Llop, uno de los arquitectos urbanistas más prestigiosos de España y que como responsable de Urbanismo de la Paeria fue el cerebro de la planificación del crecimiento de Lleida desde 1979, remarca que es necesario abaratar el precio del suelo, para lo que hay que reducir la especulación en su compraventa y que la administración actúe creando patrimonio público de suelo y asumiendo costes de la urbanización de nuevos polígonos. Por todo lo expuesto, parece claro que hace falta una acción coordinada de las administraciones para solucionar los problemas existentes.