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Durante décadas, el amianto fue considerado un material casi perfecto. Económico, resistente y duradero, se utilizó masivamente en cubiertas de naves, almacenes, granjas y edificios públicos. Hoy, sin embargo, representa uno de los mayores retos de salud pública y medioambientales que afronta Catalunya. Su deterioro puede liberar fibras microscópicas cuya inhalación está relacionada con enfermedades graves, entre ellas diversos tipos de cáncer. El tiempo ha convertido lo que un día fue una solución constructiva en un problema que ya no admite más demoras. La aprobación por parte del Parlament de la ley para erradicar el amianto en Catalunya supone un paso decisivo. La obligación de identificar y retirar este material de los edificios públicos, junto con el compromiso del Govern de incrementar las ayudas hasta los 20 millones de euros anuales, marca el camino que deben seguir todas las administraciones. Pero la realidad demuestra que el reto será mucho más complejo de lo que indican las cifras presupuestarias. Lleida es el mejor ejemplo. La provincia concentra 34.277 cubiertas de fibrocemento con amianto, que ocupan una superficie de 9,2 millones de metros cuadrados. Si se aplica el coste de referencia de 30 euros por metro cuadrado fijado por la Agència de Residus de Catalunya para las ayudas de retirada, transporte y gestión, la eliminación de estas cubiertas requeriría una inversión cercana a los 277 millones de euros. Es una cantidad que supera ampliamente la capacidad financiera de la mayoría de municipios y que obliga a plantear una estrategia sostenida en el tiempo.

La magnitud del problema también se refleja en el mapa del territorio. Casi 24.000 cubiertas se concentran en las comarcas del llano, donde la actividad agraria e industrial ha favorecido históricamente el uso de este tipo de fibrocemento. La ciudad de Lleida, con 1.541 cubiertas, es el segundo municipio de Catalunya con mayor presencia de este material, solo por detrás de Barcelona. Son datos que evidencian que la provincia soporta una carga especialmente elevada y que requerirá un esfuerzo proporcional por parte de todas las administraciones. No obstante, el ritmo de actuación sigue siendo insuficiente. Solo ocho municipios leridanos han iniciado la retirada del amianto o han presentado planes para hacerlo. La cifra contrasta con la dimensión del problema y pone de manifiesto las dificultades económicas y técnicas que supone afrontar este tipo de actuaciones. La factura de 277 millones impresiona, pero más elevado sería el coste de no actuar. Posponer las actuaciones únicamente traslada el problema a las próximas generaciones. La nueva ley fija una dirección clara. Ahora será necesario dotarla de financiación suficiente y voluntad política para que no quede en una declaración de intenciones.

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