El escuálido parque de vivienda social
La Generalitat ha excluido esta semana a Lleida ciudad, Cervera y Guissona de las zonas de mercado residencial tensionado al considerar que han mejorado las condiciones de acceso a la vivienda, por lo que no es necesario aplicar límites al precio del alquiler. Según la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, la intervención del mercado debe ser “temporal y extraordinaria” y se aplica en los municipios en los que el importe medio del alquiler o la hipoteca supera el 30% de los ingresos o bien su importe ha subido más de 3 puntos porcentuales sobre el IPC en los últimos tres años. Analizando las estadísticas oficiales, es cierto que el precio de los arrendamientos en Lleida se ha contenido, que no disminuido. En 2023, su media era de 545,56 euros al mes, de acuerdo con las fianzas depositadas en el registro del Incasòl, mientras que ahora es de 553,43. La otra cara de la moneda la constituye el hecho de que el número de pisos en oferta ha tendido a la baja, mientras que se ha disparado la del alquiler de habitaciones, porque muchos propietarios la ven como la vía para conseguir una rentabilidad mayor. La dificultad del acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos, especialmente para los jóvenes. En este contexto, la administración no puede quedarse de brazos cruzados y debe impulsar medidas para intentar facilitarlo. La declaración de zonas residenciales tensionadas puede ser una, pero se echan en falta iniciativas que comporten un cambio de la estructura del mercado para potenciar el parque de vivienda social. De acuerdo con diversos estudios publicados en los últimos años, en España solo representa entre el 2,5% y el 3,3% del total, mientras que la media de la Unión Europea supera el 9%, tres veces más. Ante esta situación, sería aconsejable que las administraciones con competencias en esta materia intentaran consensuar con las empresas privadas las alternativas que hagan viable la construcción de este tipo de pisos más asequibles y que, a la vez, impulsaran promociones de titularidad pública, que deberían ser destinadas prioritariamente a las personas que lo tienen más difícil para encontrar una vivienda en el mercado privado y a las que necesitan un alojamiento de emergencia. Asimismo, hay que materializar de una vez el plan para que los pisos que están en manos de la Sareb pasen a ser públicos y engrosen la oferta de alquiler social una vez acondicionados, porque gran parte de ellos están en malas condiciones. Solo en la provincia de Lleida son casi un millar, un tercio de ellos en la capital. Y por último, no estaría de más un pacto político en el que las principales formaciones acordaran un mínimo común denominador que permitiera desarrollar actuaciones a largo plazo. Hay que pedirlo en aras al interés general, aunque la polarización actual lo haga imposible.
