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Las cosas que empiezan mal siempre pueden ir a peor y esto es lo que está pasando en Ceuta. La avalancha de más de 70.000 personas que entraron en esta ciudad autónoma hace cuatro semanas cogió de improviso al Gobierno español, cuya gestión posterior ha sido manifiestamente mejorable. Hay que matizar que ahora tampoco está claro que fuera totalmente imprevista, después de que la ministra de Defensa haya manifestado públicamente que el CNI avisó de la misma a la delegación del Gobierno el 31 de julio, aunque después varios compañeros del Ejecutivo la han contradicho. El mando único para afrontar la crisis, dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres, no se constituyó hasta hace tres días. Mientras tanto, la falta de actuaciones efectivas para afrontar la situación de los alrededor de 5.000 marroquíes que se han quedado en Ceuta en lugar de regresar a su país ha favorecido el aumento de la tensión entre los miembros de este colectivo y los vecinos. Primero se los dejó abandonados a su suerte en campamentos improvisados en las playas, luego se los intentó trasladar a tiendas montadas por los militares que resultaron ser insuficientes y a las que parte de los migrantes se negaron a ir, y más tarde se planteó utilizar como alojamiento los polideportivos, lo que suscitó el rechazo de los vecinos. Además, en los primeros días tras la entrada masiva, diversos ministros afirmaron que todos serían expulsados de forma inmediata y, como se ha visto, no estaban en condiciones de hacerlo, entre otras cosas porque hay muchos menores no acompañados. Y si el Gobierno lo ha hecho mal, qué decir de la oposición del PP y Vox, que han utilizado este episodio como gasolina para alimentar las llamas del miedo a los extranjeros y para exacerbar el españolismo más rancio. Que un dirigente político como el secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llame a “cazar inmigrantes”, como hacían los nazis con los judíos, es sencillamente deleznable. Y la torpeza de unos y la radicalidad de los otros han terminado convirtiendo a Ceuta en un polvorín con enfrentamientos entre vecinos y migrantes, entre estos y las fuerzas de seguridad y entre los primeros y las ONG e incluso periodistas. Por si fuera poco, la suerte de personas que se han jugado la vida para intentar buscar un futuro mejor parece no importar a nadie. En este sentido, el PP no para de reclamar la expulsión de todos los menores no acompañados, obviando que fue un Gobierno de su partido, dirigido por Mariano Rajoy, el que en 2015 impulsó la aprobación de la modificación de la ley del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que dice textualmente que “las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados”. Ahora, las comunidades gobernadas por PP y Vox los repudian.

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