Movilización para salvar los CET

Las entidades que atienden a personas con discapacidad en las comarcas de Ponent siguen movilizándose para exigir al Estado y a la Generalitat que cumplan su compromiso y les ayuden a hacer frente al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un aumento del 22%, hasta los 900 euros, que muchas entidades no pueden aplicar en sus Centros Especiales de Trabajo (CET) y que les sitúa en peligro de cierre. Por ello, las entidades leridanas se han sumado a las de toda Catalunya y protestarán cada jueves para mostrar la “situación dramática” que están sufriendo, tras una década de fondos y subvenciones congeladas y el aumento de los costes que hacen menos competitivos los centros que emplean a personas con especial dificultad. Jordi Morillas, gerente de Acudam y portavoz de la Federació Allem, señaló que cada jueves protestarán de alguna manera, colgando pancartas y carteles, no solo en los centros de trabajo sino también en las viviendas particulares de los trabajadores. “Las familias están muy preocupadas por esta situación”, alertó Morillas. Algunas entidades mostraron su movilización en las redes sociales. En el caso de Aspros, la entidad colgó un vídeo en Twitter en el que alerta de que, sin ayuda de la administración, el centro podría cerrar sus puertas en seis meses. Las entidades se movilizaron hace una semana, con una protesta con un millar de personas en el centro de Lleida, y preparan una marcha unitaria en Barcelona.

Los centros de Lleida, con 650 empleados, piden 1,5 millones más Los Centros Especiales de Trabajo (CET) de la provincia de Lleida, once en total, emplean a 650 personas con discapacidad física e intelectual. Para hacer frente a la subida del salario mínimo hasta los 900 euros, necesitan 1,5 millones de euros de las adminsitraciones. Una cantidad que en el caso de Catalunya sería de 30,5 millones. Las entidades señalan que no pueden trasladar esta subida al precio final de sus servicios o productos y que muchas no pueden aplicar este incremento en la nómina de sus trabajadores. Piden una cofinanciación del 75% durante dos años.