La Iglesia pacta con el Gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos

La Iglesia católica aceptó ayer un acuerdo con el Gobierno español para hacerse cargo del pago de indemnizaciones a víctimas de abusos cometidos en el clero, en los casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial. El convenio establece un sistema mixto Estado-Iglesia, con supervisión del Defensor del Pueblo y participación de las víctimas en todo el proceso, las cuales podrán solicitar desde febrero sus indemnizaciones. Desde la Conferencia Episcopal se destaca que este convenio se basa en un compromiso moral y no en una obligación jurídica, y que tendrá una duración inicial de un año, prorrogable otro. El acuerdo, que llega tras más de dos décadas de denuncias y presiones, se produce después de que expertos en derecho penal y asociaciones de víctimas denunciaran que las instituciones públicas no habían implementado muchas de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. SEGRE publicó en octubre del año pasado que el catedrático Josep Maria Tamarit, que participó en la redacción del informe del Defensor del Pueblo, señalaba que la reparación económica y moral de las víctimas seguía siendo “una asignatura pendiente” y que muchos afectados continuaban sufriendo las consecuencias de dichos abusos. El acuerdo hecho público ayer fue firmado por el ministro Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Según detallan las fuentes oficiales, el Defensor del Pueblo evaluará cada caso y fijará la resolución si hay desacuerdo. De esta manera, la víctima podrá presentar su caso ante una unidad de tramitación del ministerio de Justicia, que derivará el expediente a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Posteriormente, la propuesta será evaluada por la comisión interna de la Iglesia encargada del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA). Si no hay acuerdo, se convocará una Comisión Mixta con participación de asociaciones de víctimas, y si persiste la discrepancia, será el Defensor del Pueblo quien adopte la decisión final. El acuerdo se produce en un contexto marcado por nuevas denuncias de encubrimiento, como el caso del obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, acusado de no actuar durante años ante los abusos cometidos por un religioso en México.

Detectados en las tres diócesis leridanas al menos 15 casos

El informe del Defensor del Pueblo que denunció los abusos sexuales en la Iglesia, publicado en 2023 y actualizado el año pasado, recopiló 674 testimonios de víctimas en toda España. En las diócesis de Lleida, Solsona y Urgell se notificaron 15 casos, todos menores de edad, con seis sacerdotes presuntamente implicados en hechos ocurridos entre 1960 y 2023. Los abusos se produjeron en domicilios particulares, centros educativos e instalaciones parroquiales, y en algunos casos los testimonios fueron canalizados a través de la Unidad de Atención del Defensor del Pueblo. El documento subrayaba la colaboración de las diócesis leridanas, que aportaron información detallada, e incluía un anexo con referencias a los espacios en los que se produjeron los hechos y al periodo temporal en el que se concentraron las denuncias.