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Dos familias reclaman el premio de 4,7 millones de la Primitiva que un lotero dijo haberse encontrado

El juicio ha empezado este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña

Comienza en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio por estafa y apropiación indebida de una Primitiva millonaria, con un premio de 4,7 millones de euros, contra el lotero Manuel Reija (i), que aseguró haber encontrado el boleto e intentó cobrarlo, pero también contra su hermano Miguel (d), que entonces era delegado provincial de Loterías.

Comienza en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio por estafa y apropiación indebida de una Primitiva millonaria, con un premio de 4,7 millones de euros, contra el lotero Manuel Reija (i), que aseguró haber encontrado el boleto e intentó cobrarlo, pero también contra su hermano Miguel (d), que entonces era delegado provincial de Loterías.EFE/Cabalar

Lluís Serrano
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Dos familias se disputan la titularidad del boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros que el lotero Manuel Reija aseguró haberse encontrado en su administración de A Coruña en julio de 2012. La primera sesión del juicio se ha celebrado este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde se han sentado en el banquillo Manuel Reija y su hermano Miguel, que en el momento del sorteo ejercía como delegado provincial de Loterías.

Las acusaciones particulares corresponden a Manuel Ferreiro, ya fallecido, quien reclamó el premio antes de que se hiciese público el expediente de hallazgo, y a la familia de José Luis Alonso, también difunto, a quien la Fiscalía y la Policía consideran el legítimo propietario del boleto ganador. Durante la primera sesión, dedicada a las cuestiones previas, se solicitó excluir del procedimiento a Ferreiro, pero la jueza desestimó la petición.

Los abogados de los hermanos Reija, Jesús Ángel Sánchez y Joaquín Burkhalter, señalaron que los dos escritos de acusación resultan "absolutamente excluyentes", ya que contienen versiones diferentes sobre los hechos. La defensa del lotero propuso la nulidad del procedimiento, aunque la magistrada lo rechazó, e indicó que "para que exista estafa tienen que haber un legítimo estafado", pero consideran que "en ningún caso está acreditada la titularidad del título al portador".

Rechazo de las cuestiones previas planteadas por la defensa

El abogado de Manuel Reija también pidió que no se tuviesen en cuenta los datos de la máquina de la administración, que revelan cuándo se comprobaron los boletos, pero esta petición tampoco fue admitida. Por su parte, el letrado del exdelegado de Loterías expuso que existe "una absoluta inconcreción de la participación" de su patrocinado, pues "no se describe ninguna actuación" compatible con el delito de blanqueo de capitales o encubrimiento que se le atribuye. El juicio continúa este martes con la declaración de diez testigos.

La Fiscalía solicita penas de seis años de prisión

La Fiscalía, en su escrito de acusación, considera al lotero responsable de un supuesto delito de estafa —o de forma alternativa de apropiación indebida—, por el que solicita seis años de prisión. Asimismo, pide otros seis años para su hermano, al que ve implicado en un supuesto delito de blanqueo de capitales o, alternativamente, de encubrimiento, con tres años de prisión.

En caso de que el tribunal considere que incurrió en un delito de blanqueo, solicita que se le imponga una multa de 9,4 millones de euros, el doble del valor del premio. El Ministerio Público también reclama en su escrito que se entregue el boleto premiado a los herederos del hombre, fallecido en 2014, al que la Policía Nacional identificó como legítimo propietario.

Los hechos se remontan a julio de 2012

Los hechos objeto de esta causa judicial se remontan al 30 de junio de 2012, cuando la Administración de Loterías número 44, situada en Carrefour, en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña, recibió el aviso de que se había sellado de manera automática un boleto de Primitiva ganador y tres billetes más que, supuestamente, pertenecían al mismo hombre. Estos fueron comprobados en el despacho de San Agustín el 2 de julio de 2012.

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