La inteligencia artificial obliga a las universidades a reinventar sus exámenes ante el auge del fraude tecnológico
Detectores de radiofrecuencia, más vigilancia y nuevas formas de evaluación marcan la respuesta de los campus españoles
El 82% de los españoles afirma que ya utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para tareas relacionadas con viajes.
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito universitario está sacudiendo los cimientos del modelo tradicional de enseñanza y evaluación. El profesorado alerta de un aumento del fraude académico cada vez más sofisticado, en el que el alumnado ha sustituido la clásica “chuleta” por herramientas como ChatGPT, auriculares invisibles o microdispositivos de transmisión.
Ante esta situación, varias universidades españolas —entre ellas la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Zaragoza, la Universitat Politècnica de València o la Universidad Pontificia Comillas— han comenzado a utilizar detectores de radiofrecuencia (RF) para controlar posibles comunicaciones inalámbricas durante los exámenes.
Estos dispositivos permiten identificar señales emitidas por aparatos ocultos como microtransmisores, cámaras diminutas o auriculares internos, capaces de establecer comunicación en tiempo real con el exterior. Según advierte la UPM en un documento remitido a su alumnado, la detección de estas tecnologías resulta “prácticamente imposible sin herramientas específicas”.
Los estudiantes perciben el fenómeno de forma directa. “Cada vez hay más gente que copia haciendo una simple foto del examen con el móvil y usando ChatGPT”, explica Jimena, estudiante de Telecomunicaciones. Otros relatan un aumento de la vigilancia presencial, con más profesores en el aula e incluso personal de seguridad para prevenir fraudes o suplantaciones de identidad.
Las universidades defienden la legalidad de estos sistemas, ya que se trata de equipos pasivos que no almacenan datos personales ni interfieren en las comunicaciones. Además, los estudiantes deben firmar antes de cada prueba una declaración responsable en la que aseguran no portar dispositivos activos. Este modelo ya se aplica en centros europeos como la TU Delft, el Politecnico di Milano o la ETH Zürich.
Más allá del control tecnológico, el debate de fondo apunta a un cambio estructural en la evaluación. Expertos como Javier Oubiña, de la Universidad Autónoma de Madrid, consideran que prohibir la IA no es efectivo y abogan por pruebas en directo y evaluaciones más prácticas. La defensa oral de trabajos académicos y la resolución de problemas reales emergen como alternativas para medir competencias complejas.
El reto se intensifica en los exámenes a distancia, donde el control del fraude choca con la protección de datos. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos ha intervenido en casos recientes, como la sanción a la Universidad Internacional Valenciana por el uso obligatorio de tecnologías biométricas.
