Anticorrupción investiga corruptelas en la DGAIA por delitos en el reparto de ayudas a los jóvenes extutelados

La Fiscalía Anticorrupción investiga las posibles irregularidades de la antigua DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) en la prestación de ayudas y alojamiento para jóvenes extutelados. El pasado marzo el ministerio público pidió la colaboración de la OAC (Oficina Antifrau de Catalunya), que ya investigaba estas dos cuestiones en dos expedientes distintos. Antifrau cerró el primero sin detectar posibles delitos, pero entregó la documentación a la Fiscalía. En el segundo caso, todavía está analizando la numerosa documentación. En todo caso, Anticorrupción sigue investigando ambos casos, surgidos a raíz de una denuncia de un alertador, protegido por Antifrau, contra la Fundación Resilis en Girona. Según fuentes jurídicas, la OAC entregó al ministerio público su informe sobre el control de las ayudas económicas que se daban a jóvenes extutelados, que se sospecha que iban dirigidas incluso a personas que ya vivían en Catalunya. El informe concluía que no se habían podido detectar aspectos delictivos o de fraude, pero quedaba por comprobar si había habido deficiencias en el cumplimiento de los contratos de la DGAIA con las entidades colaboradoras, y si la administración había fallado a la hora de realizar su seguimiento y supervisión. En el segundo expediente, que investigaba la posible existencia de plazas de alojamiento fantasma, por el que las entidades cobraban de la Generalitat por acoger a jóvenes que en realidad no acogía, Antifrau aún no ha llegado a ninguna conclusión ni ha entregado documentación a la Fiscalía, que actuará en función de si detecta o no indicios de conductas delictivas. En ese caso, lo llevaría a un juzgado para investigarlo a fondo. El caso estalló en enero del 2025 tras denunciar un trabajador del tercer sector presuntas irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda que afectaban a jóvenes extutelados. Tres trabajadoras denunciaron que una entidad, pese a tener plazas vacías en los pisos de acogida, cobraba a la Generalitat por ellas.