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Denuncian que la mitad de las ocupaciones de vivienda en el Estado se producen en Catalunya

Los administradores de fincas de Barcelona y Lleida exigen "medidas legislativas urgentes"

Un piso de Barcelona con la ventana tapiada para que no entren los okupas.

Un piso de Barcelona con la ventana tapiada para que no entren los okupas.ACN

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El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida ha exigido "medidas legislativas urgentes" para frenar la ocupación de viviendas. En un comunicado emitido este lunes, los propietarios han denunciado que las políticas de vivienda son "fracaso total", y que promueven la ocupación "sin amparo a los afectados". Según ha afirmado la entidad, en Catalunya se registran el 50% de las ocupaciones del conjunto del Estado, y el 75% de estas tendrían lugar en la ciudad de Barcelona. En este sentido, los administradores apuntan que la capital catalana promueve regulaciones "permisivas" que "avalan la ocupación como forma legítima de posesión de una vivienda".

Según indican, las políticas de vivienda de la ciudad de Barcelona son "laxas", y están asentadas sobre la base de una "errada interpretación del derecho en una vivienda digna". Desde el Colegio insisten en que la ocupación de viviendas es un "grave problema social y de seguridad" que provoca "peleas y amenazas" entre los ocupas y los vecinos. Con eso, la entidad ha subrayado la "sensación de impotencia e impunidad". "Es incomprensible que la ciudadanía no encuentre una respuesta eficaz ni penal ni civil que la proteja con eficacia de estas actuaciones delictivas", ha expresado al presidente del Colegio, Enrique Vendrell.

Paralelamente, los propietarios también han señalado la "indiferencia" de la mayoría grupos políticos. "Su inacción está provocando graves consecuencias económicas, sociales y psicológicas", han lamentado.

Con eso, desde el Colegio piden un “cambio legislativo” que permita una acción judicial, y que se adopten “medidas efectivas” que protejan a los afectados. Los administradores han puesto de ejemplo de regulaciones a las adoptadas por la Comunidad de Madrid, donde se permite realizar juicios rápidos por delitos leves de ocupación de viviendas.

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