VIVIENDA
El Govern cambia las normas y evita que 1.247 pisos protegidos en Lleida pasen al mercado libre
Prorroga su calificación en zonas tensionadas, y 666 están en la capital
Vista aèria de la ciutat de Lleida en una foto d’arxiu. - SEGRE
Una modificación de la ley de Vivienda por parte del Govern ha evitado que 1.247 pisos protegidos de la provincia pasen a formar parte del mercado libre. Esto se debe a que todas las viviendas de protección oficial construidas antes de 2019 perdían esta calificación al cabo de cincuenta años y en 2026 se veían afectados un total de 7.000 repartidas en los 271 municipios tipificados como zonas tensionadas. Sin embargo, según avanzó 3Cat, una prórroga decretada por el Govern permitirá que mantengan su condición hasta marzo de 2027, y después se podrá prorrogar anualmente siempre y cuando las dificultades para acceder a una vivienda se mantengan.
La mayoría de las 1.247 viviendas protegidas que mantienen su estatus en Lleida están en la capital, concretamente, 666. De hecho, es la tercera ciudad que más pisos de este tipo iba a perder después de Sant Cugat del Vallès (717) y Terrassa (698). Los otros municipios leridanos que figuran en la relación son Balaguer con 109; Tàrrega con 75; Mollerussa con 70; Almacelles con 49; Alcarràs con 45; Guissona con 44; Artesa de Segre con 38; Les Borges Blanques con 31; Solsona con 27; Tremp con 25; Bellpuig con 13; Vielha con 9; Cervera con 5; Ponts con 2; y Bellver de Cerdanya con 1.
La PAH denuncia el desalojo ilegal de una vulnerable
Membres de la PAH van acompanyar ahir l’afectada i van protestar contra el seu desallotjament. - PAH LLEIDA
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denunció ayer que un fondo de inversión ha cambiado la cerradura de la puerta de la vivienda en la que residía una mujer mayor vulnerable sin ninguna orden judicial para ello. Está en el número 2 de la calle Manuel de Montsuar, es propiedad del fondo Divarian y la PAH criticó que la mujer estaba empadronada en ese piso desde hace dos años y que el cambio de bombín supone una ilegalidad, ya que “el ordenamiento jurídico vigente defiende la inviolabilidad del domicilio salvo delito flagrante, orden judicial o consentimiento de sus habitantes, por lo que no se trata de ninguno de estos tres supuestos”. Aseguró que no es un caso aislado porque “en los últimos años los fondos buitre se toman la justicia por su mano” y que, pese a que la mujer llamó “7 veces al 112 para denunciar la violación del domicilio, la Guardia Urbana ha hecho caso omiso” y tuvo que pasar la noche al raso.
