Las claves del nuevo modelo de financiación autonómica

El nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el gobierno español incluye cambios en los criterios de población ajustada y aumenta la cesión del IVA hasta el 56,5% y el IRPF hasta el 55% (vs. 50% actual). El nuevo sistema también modifica los mecanismos de compensación entre territorios y en global aportará 20.975 millones más a las comunidades autónomas. La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha asegurado que las diferencias de financiación por habitante ajustado se reducen casi un 50%. También incluye "ajustes adicionales", entre estos que las comunidades puedan solicitar voluntariamente recibir una parte del IVA de las pymes y un "fondo climático" de 1.000 millones que beneficiará especialmente en el litoral, como sería el caso de Catalunya.

El gobierno español ha hecho los cálculos teniendo en cuenta que el nuevo modelo entrará en vigor a partir del 2027 y cree que tendrá una vigencia de cinco años. La propuesta renueva al modelo actual, que ya cumple 17 años y tenía que durar 5.

Aumento de los recursos que reciben las comunidades autónomas

Montero ha detallado el incremento de recursos que se prevén para las comunidades autónomas respecto del modelo vigente y para Catalunya supone 4.686 millones de euros más. Se trata del segundo territorio con más aumento en términos absolutos, tan sólo superado por Andalucía (4.846 millones). La siguen Valencia (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones).

La ministra ha admitido que se trata de un sistema "complejo", que ha sido fruto de un "largo proceso de estudio, análisis y escucha". Así, ha negado que "lo que gana un territorio lo pierda otro".

El gobierno español trabaja para incluir un "límite" en el dumping fiscal. Montero ha indicado que este es un elemento que les "preocupa". "No tiene sentido que estemos haciendo desde el gobierno español esfuerzos extraordinarios por dotar de más recursos a los territorios y que después los territorios bajen los impuestos por la parte que les corresponde", ha afirmado Montero. Sin hacer ninguna mención explícita, la ministra ha hecho referencia a la Comunidad de Madrid.

Cambios en los criterios de población ajustada

Para llegar a las cifras planteadas, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha diseñado un nuevo criterio para determinar la población ajustada de cada comunidad. La población ajustada facilita la cifra de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación -por ejemplo, una comunidad con una población más envejecida tiene más gasto en salud–.

En concreto, el sistema presentado propone que la población "protegida" se amplíe de 7 a 20 grupos de edad con el objetivo de "mejorar el cálculo y la fiabilidad". Este elemento es el que tiene un peso más elevado en la tabla de ponderaciones, de hasta el 38%. En segundo lugar, está la cifra de población según figura en el padrón, que tiene un peso del 30%.

También se tienen en cuenta cuestiones vinculadas a la educación: los habitantes hasta los 17 años (peso del 17%) y los de entre 18 y 24 años y reconoce el coste que supone para las comunidades autónomas acoger estudiantes universitarios de otros puntos del Estado (3,5%).

En servicios sociales, los mayores de 65 años tienen una ponderación del 7% y los parados sin prestación del 1,5%.

Las ponderaciones las completan criterios vinculados a la superficie (1,6%), la dispersión (0,5%), la insularidad (0,5%) y costes fijos (0,4%). De esta manera, Montero ha asegurado que se incluyen elementos para afrontar el "problema de la despoblación".

Aumento de la cesión del IVA e IRPF

Entre los elementos del nuevo modelo, resalta un aumento de la cesión de impuestos, que el gobierno español calcula que en global supone elevar la financiación en unos 16.000 millones de euros. Aparte del IVA y el IRPF, se añaden a la cesta el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre los depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades del juego y el impuesto sobre depósitos de residuos.

La cesión de los impuestos especiales se mantiene en el 58% –tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos– y el 100% de los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales, impuesto especial sobre determinados medios de transporte, tributos sobre el juego y tasas e impuesto sobre la electricidad.

Una vez establecidos estos mecanismos, el gobierno español prevé un "mecanismo de solidaridad interterritorial", que "nivela" al 75% la distancia de cada comunidad respecto de la media de recursos por habitante ajustado. Es decir, que las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos, mientras que las que se sitúan por encima serán aportadoras netas.

También se ha fijado un "mecanismo de nivelación vertical", que pretende "acortar más" las diferencias por habitante ajustado.

Mecanismo para recaudar más y financiar competencias

El nuevo modelo también plantea a las comunidades la posibilidad de financiar sus competencias no homogéneas -las que no tienen todas, y que en el caso de Catalunya serían por ejemplo las prisiones o los Mossos, aumentando la participación en la recaudación del IVA–. Actualmente, esta financiación se recibe por transferencia directa.

Ajustes adicionales

El nuevo modelo que ha presentado este viernes la ministra en rueda de prensa, incluye ajustes "adicionales": un mecanismo para recaudar el IVA de las pymes y un fondo climático.

El mecanismo del IVA de las pymes es un elemento de carácter voluntario. Así, las comunidades que quieran podrán solicitar recibir una recaudación del IVA generado por las pymes en su territorio. Los territorios que se acojan a este mecanismo tendrán que mantenerse durante los siguientes cinco años. El gobierno español ha indicado que la adhesión "no afecta a la financiación ni a los ingresos" del resto de comunidades.

Sobre el fondo climático, estará dotado con 1.000 millones de euros. Dos tercios se repartirán bajo el criterio de población ajustada entre las comunidades del mediterráneo, que el ejecutivo asegura que son las "más expuestas" a los efectos del calentamiento global. El tercio restante lo recibirán el resto de territorios, también bajo el criterio de población ajustada.

Finalmente, la propuesta incluye un elemento que Montero ha denominado "statu quo", que garantiza que "ninguna comunidad reciba menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior". La administración central aportará 400 millones de euros.