La Fiscalía de Menors cierra el caso de la niña supuestamente vendida por 5.000 euros y 5 botellas de whisky pese a haber otros posibles delitos

La Fiscalía de Menores de Lleida da por cerrado el caso de la niña supuestamente vendida por 5.000 euros y 5 botellas de whisky porque el juzgado leridano se ha inhibido a favor del de Tudela, explicaron ayer fuentes judiciales. De esta forma, desde el Ministerio Público no se investigarán de momento posibles delitos como el de agresión sexual, en el supuesto de que la niña, de 14 años, hubiera mantenido relaciones sexuales con el joven de 21 que según muchos indicios se ha convertido en su marido por el rito gitano (que no tiene validez legal), o el de explotación laboral, en el supuesto de que la niña fuera obligada a mendigar en el supermercado de Les Borges Blanques en el que fue hallada pidiendo limosna. 

Los adolescentes no pueden consentir relaciones sexuales hasta los 16 años, y el Estatuto de los Trabajadores prohíbe el trabajo a los menores de esta edad. De haber concurrido estos dos delitos se habrían perpetrado en Mollerussa, donde la niña vivía desde el pasado enero tras ser vendida, y en Les Borges, donde fue hallada mendigando. 

En el supuesto de que concurriera alguno de estos cargos, la protección de la niña correspondería a la Fiscalía de Menores de Lleida. Tampoco la Fiscalía de Navarra ha recurrido el archivo del juzgado de Tudela, según fuentes solventes. Los servicios sociales del ayuntamiento de Mollerussa rechazan de momento hacer un seguimiento de la familia supuestamente compradora porque “hay una orden de un juez y la niña está en Navarra, por lo que si hay que hacer seguimiento tiene que ser allí”, dijeron fuentes del consistorio. 

Por su parte, los servicios sociales de la Generalitat, a preguntas de este diario, declinaron informar de si se está haciendo un seguimiento de la familia de Mollerussa para determinar si la pequeña vuelve con ella. La situación actual de la niña es de una gran vulnerabilidad. 

Vuelve a estar en manos de las familias que protagonizaron la supuesta compraventa y la tenían sin escolarizar y en condiciones de mendicidad. Para que se abrieran diligencias por agresión sexual o por explotación laboral deberían acreditarse incidios a través de una investigación policial o de los servicios sociales catalanes o navarros.